Estado de Morosidad Permanente

Vivimos en un “Estado (y estado) de morosidad permanente”, donde quien debería ser uno de los garantes y ejemplo de cumplimiento es el principal responsable de la cadena incumplidora, que llega a tal nivel que convierte en extraordinario al que atiende sus obligaciones ordinarias. Hay leyes (exigidas desde Europa) para atajarlo que no se aplican o no son eficaces porque al final puede más la ley del más fuerte y el miedo de los pequeños y medianos al grande. El sistema judicial se presenta excesivamente garantista, lento e ineficiente, alejado del ritmo económico y de la realidad empresarial. Pero la única certeza es que resignarse y aceptar todo esto no puede ser una opción, aunque a quien más posibilidades y potestades tiene de revertir el escenario (la Administración Pública en sus diversas versiones) le interese que siga como está.

capital social y deudas

Acaso me parece que habría vías que emprender como solución bastante evidentes y viables: compensaciones automáticas de impuestos y pagos a la Administración (ágiles, reales y directas con medios telemáticos y sin crear otro océano burocrático) tanto a empresas como a particulares con créditos a favor; inversión de la carga de la prueba en los procedimientos judiciales (que el demandado sea quien deba acreditar el pago de modo fehaciente y hasta ese momento sea tratado como incumplidor por los tribunales) de manera que se permitan embargos preventivos y retenciones cautelares del patrimonio del deudor con la presentación de la reclamación (algunos dirán que este es el sentido de los procedimientos monitorios y otros ejecutivos pero su realidad es otra, precisamente por el celo y garantía del proceso con el deudor que es presunto hasta límites insospechados); la puesta en marcha definitiva de un proceso ágil con medios propios y separados en los propios tribunales de justicia (algo está en ciernes pero a expensas de su activación y de los presupuestos oportunos); la penalización concreta de la morosidad y su litigiosidad acreditable en los concursos y licitaciones públicas (habilitando un registro donde figure y se justifique esta situación de litigiosidad o demora por los perjudicados); procesos automáticos y rápidos de derivación de responsabilidad a efectos patrimoniales en Administradores de Sociedades mercantiles no liquidadas ordenadamente y en tiempo y forma, o una suerte de proceso sumario automático acumulado o subsidiario junto a la propia sociedad; autopenalización de la Administración con recargo de intereses directo cuando incumple los plazos legales…

calendario - reloj

Old clock close up view

Vamos que mecanismos y herramientas hay y no necesariamente complejas, pero asumamos que todo funciona en base al sacrificio generalizado del pequeño y el mediano empresario en particular, y del pequeño y mediano contribuyente en general. Si esto viene siendo la dinámica histórica predominante es porque interesa que así sea y la financiación del Estado y nuestra macro-estructura institucional se financia  directamente a base de impuestos e indirectamente a través de estas demoras tendenciosas como algunas de sus principales fuentes.

 Y enlazando con lo anterior la ingente bolsa de fraude, que permite dos conclusiones unido a lo comentado: el sistema no pone fácil el cumplimiento ni es lo suficientemente proporcional y progresivo o accesible (si muchos no afrontan o no llegan a sus obligaciones o las eluden, también hay que revisar las obligaciones y no sólo al obligado) y un Estado de derecho que se precie de serlo no puede consentirse situaciones de dificultad, ruina o fracaso imputables al incumplimiento, ineficacia o inacción de la Administración y el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Esto además de nuestra manida naturaleza “pícara” o dicho de otra forma, de nuestra pobre cultura de la responsabilidad y nuestro creciente descrédito del uso y gestión de lo público por quienes les corresponde hacerlo, dibuja un contexto endémico y viciado que hay que enfrentar como prioridad, y donde todos hagamos el ejercicio que nos corresponde de sacrificio, compromiso y honestidad, empezando (va en el sueldo y en el cargo) por quienes nos representan.

No podemos resignarnos a lo inaudito porque es imposible un sistema perfecto pero tampoco es admisible seguir como estamos.

Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES

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