Reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Extremadura: ¿Vuelta atrás?¿Cuenta atrás?

Salvo imprevisto de última hora, el nuevo Gobierno regional suprimirá en breve las bonificaciones tributarias que han venido aplicándose en nuestra comunidad desde el mes de febrero de 2015, con causa en la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 10 de febrero, de medidas tributarias, administrativas y financieras de la Comunidad de Extremadura.

En concreto, nos referimos a las bonificaciones que establece dicha Ley para las adquisiciones vía donación o herencia por descendientes y adoptados de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes,  del 99%, 95% ó 90% de la cuota tributaria en función de que la base imponible (lo recibido por donación o herencia) no supere los 175.000.-€, 325.000.-€ y 600.000.-€, siempre que el heredero o donatario no tuviera un patrimonio previo superior a 600.000.-€.

Es decir, que a día de hoy si un hijo recibe en vida por donación o hereda de su padre bienes y derechos por un valor de, a modo de ejemplo, 450.000 euros y su patrimonio particular no supera los 600.000  euros, tendrá derecho a aplicar una bonificación del 90% sobre la cuota a pagar. De ese modo, si ésta ascendiera, pongamos que a 100.000 euros, con la aplicación de la bonificación actualmente vigente, únicamente debería ingresar  10.000 euros.

impuesto de sucesiones

Estas bonificaciones y quizá el temor de que con el cambio de gobierno volviéramos a la situación fiscal anterior, es lo que explica que se hayan disparado el número de donaciones en Extremadura entre padres e hijos en el año 2015, concretamente el doble que en el 2014.

Sin embargo, poco tiempo resta para que estas donaciones sigan aumentando, pues resulta evidente que las modificaciones normativas que se avecinan van a suponer un encarecimiento importantísimo, en términos fiscales, de las donaciones y las herencias. Si volviéramos al marco legal anterior, como se está anunciando por parte del ejecutivo regional, las donaciones pagarían entre el 7,5% y el 34%, a lo que habría que añadir la ganancia patrimonial en el IRPF y la llamada plusvalía municipal, en el caso de los inmuebles de naturaleza urbana.

De esta manera, Extremadura volverá a situarse entre las comunidades autónomas dónde más se pague por recibir una herencia o una donación de un padre o un abuelo, por lo que poco tiempo queda para realizar donaciones que puedan acogerse a las bonificaciones fiscales referidas.

notaría

No obstante, es conveniente recordar que además de las bonificaciones fiscales que hemos comentado, todavía vigentes, la Ley regula determinados beneficios para la transmisión de vivienda habitual, empresas individuales, negocio profesional o participaciones en entidades, explotaciones agrarias  y otras más, a los que poder acogerse siempre que se cumplan unos concretos requisitos. Para ello se hace de nuevo imprescindible plantear los mismas con la debida antelación, con el fin de acometer las actuaciones necesarias que permitan, en la medida de lo posible y dentro de la legalidad vigente, aplicar dichos beneficios fiscales, tanto autonómicos como estatales, y conseguir reducir notablemente el coste fiscal de dichas transmisiones.

Estaremos en todo caso atentos al calado real de los cambios normativos que finalmente se produzcan y, en particular, si dichos cambios afectan no sólo a las bonificaciones antes citadas sino además al resto de incentivos fiscales que para con el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ya establecía el Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos

Fernando Alfaro Ramos. Socio Abogado de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES

MI CAMPO NO PAGA CONTRIBUCIÓN URBANA

LaSentencia de 26 de febrero de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha reconocido que los terrenos que carezcan de desarrollo urbanístico no deben pagar la contribución urbana o Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura viene a clarificar la situación tributaria de muchos terrenos que físicamente no son urbanos, y que seguramente no lo sean en mucho tiempo dada la situación actual del mercado inmobiliario, pero que así han sido calificados por la Dirección General del Catastro por estar dentro del perímetro urbano de la población.

A juicio de la Sala, una interpretación lógica y sistemática de la Ley del Catastro Inmobiliario, lleva a la conclusión de que sólo pueden considerarse bienes “urbanos” a efectos catastrales, los inmuebles considerados por el Plan General como urbanizables cuyo desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la previa aprobación del instrumento que tiene por finalidad su ordenación detallada. Así, no serán urbanas, a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, las fincas incluidas en sectores cuyo desarrollo urbano dependa de la previa aprobación de un Plan Parcial o de un Programa de Ejecución.

Por tanto, atendiendo a la definición de las categorías básicas del suelo del Texto Refundido de la Ley del Suelo, la naturaleza catastral de urbano y rural definida en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario se ha visto modificada y, con ella, el valor catastral de todo aquel suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento que no tenga la condición de urbanizado, y por otro, la base imponible a efectos de cálculo del IBI.

Desde luego este cambio normativo y estos precedentes jurisprudenciales abren la puerta a posibles reclamaciones del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana con ocasión de la notificación por el Ayuntamiento correspondiente de la liquidación del impuesto sobre terrenos que se consideran como urbanos pero que en su aspecto físico son rústicos.

En definitiva, y salvo que de oficio la Dirección General del Catastro revise los valores catastrales de los inmuebles en esta situación y los Ayuntamientos devuelvan los impuestos indebidamente cobrados a sus vecinos, situación desde luego utópica, se prevén numerosas reclamaciones en este tema.

Isabel Galán Cadenas. Abogada de la Firma Jurídica ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES

LA PICOTA EN EXTREMADURA, QUE NO LA CEREZA DEL JERTE

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, picota es una “Variedad de cereza, que se caracteriza por su forma algo apuntada, consistencia carnosa y muy escasa adherencia al pedúnculo”; definición a la que nosotros añadimos: sobrada y merecidamente conocida en el valle extremeño del Jerte, y con este apelativo, Picota del Jerte, disfrutada en el resto de España y parte del extranjero. Pero a esta definición antecede en el referido diccionario otra, esta vez sí relacionada con el mundo jurídico, que arrastra mucha, mucha historia.

Así, hablamos también de picota en cuanto al “rollo o columna de piedra o de fábrica que había a la entrada de algunos lugares, donde se exponían públicamente las cabezas de los ajusticiados, o los reos”. Forman parte del paisaje de muchos de los pueblos de Extremadura (y de España), y tienen una función penal antiquísima, ya recogida en las Partidas de Alfonso X el Sabio, allá por el siglo XIII: “La setena es quando condenan a alguno que sea azotado o ferido paladinamente por yerro que fizo, o lo ponen por deshonra dél en la picota, o lo desnudan faciendole estar al sol untado de miel porque lo coman las moscas alguna hora del día.”

Era esta pena decretada contra el hurto no manifiesto, y buscaba dos objetivos claros: el castigo, estrictamente entendido; y el escarnio público, como medida disuasoria para el propio malhechor -ante una posible voluntad reincidente-, o tercero malintencionado.

Por ello, estas columnas solían ubicarse en la plaza del pueblo, y por ello también venían acompañadas de adornos tales como cadenas, garfios, argollas y similares. La picota de Trujillo, por ejemplo, fue concedida por su contribución y ayuda a los Reyes Católicos, si bien de su ubicación originaria en la plaza fue trasladada en 1566 a su emplazamiento actual en la confluencia de la entrada principal a Trujillo con las carreteras que van en dirección a Madrid, Cáceres-Montanchez, Miajadas y Guadalupe.

Las Cortes de Cádiz ordenaron “la demolición de todos los signos de vasallaje que hubiera en sus entradas, casas particulares, o cualesquiera otros sitios, puesto que los pueblos de la Nación Española no reconocen ni reconocerán jamás otro señorío que el de la Nación misma, y que su noble orgullo sufriría por tener a la vista un recuerdo continuo de humillación.”. A raiz de esta decisión desaparecieron numerosas picotas, si bien algunas fueron reconvertidas en cruceros, para evitar su demolición, en recuerdo y símbolo de su significado jurisdiccional.

En Extremadura todavía podemos disfrutar de muchas de ellas en localidades como Jaraiz de la Vera, Valverde de la Vera, Jarandilla de la Vera o Losar de la Vera. Sirva la presente fotografia como muestra de ello. Y queda abierto el presente artículo a la aportación de nuestros lectores.
http://www.20minutos.es/museo-virtual/foto/2297/rank/3/

(Foto  de la página web www.20minutos.es/museovirtual.com, mediados del siglo XIX, Jarandilla de la Vera)

Yolanda Aparicio Fernández

Asesora Jurídica. Gestión Interna y Recursos Humanos de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES.