Hace unos días la Comisión Europea ha propuesto un proyecto de Directiva sobre facturación electrónica en la contratación pública, acompañada de una Comunicación en la que establece su visión para la plena digitalización del proceso de contratación pública, denominada «contratación pública electrónica íntegra». A lo anterior se añaden las declaraciones del comisario de Mercado Interior y Servicios, Michel Barnier: «Velar por que las administraciones públicas de la UE sean modernas y eficaces es una prioridad de la Comisión Europea.
Seamos claros: estamos en un momento histórico en el cual convergen una serie de circunstancia que, en modo alguno cabe obviar, entre las que podemos destacar:
– Revolución tecnológica sin precedentes basándose en el poder de las TIC y su universalización.
– Crisis económica mundial unida a la aparición de nuevos jugadores relevantes en el tablero.
Por eso, pensar que las Administraciones Públicas van a quedar al margen de todo esto es pecar de iluso; distinto será el camino.
La tecnología nos ayuda con múltiples herramientas, pero se hace preciso voluntad, objetivos y metas comunes. Siempre se puede innovar, y también en las AAPP. Sólo hace falta contar con los elementos adecuados, los resortes administrativos, el empuje de la dirección, la implicación de los trabajadores. En definitiva, se hace necesario tener voluntad de cambio y no únicamente continuidad en la políticas públicas; se hace preciso crear las condiciones necesarias para su implementación. En la contratación externa es preciso elegir una máxima y seguirla férreamente, no tiene que ser la misma para todos los proyectos. ¿Qué es lo que quieres: priorizar la concurrencia maximizando la competencia aunque el servicio pueda ser dañado – ofertas a la baja – u optar por un mejor servicio?. Pero no sólo vamos a hablar de contratación, de externalización de servicios; sino también de cómo lo público y lo privado pueden converger para dinamizar.
No puedo dejar de mencionar la estrategia de Administración Electrónica del Gobierno del Reino Unido “Govemment Digital Strategy” como una alternativa, si no a imitar, sí al menos a tener en cuenta. Es una estrategia corta y sintética, pero con un alto contenido de innovación en lo referente a la aplicación de las TIC en las Administraciones Públicas. Uno de esos aspectos es la necesidad de un rediseño continuo de los servicios públicos digitales; extrayendo consecuencias para una reimplementación cíclica.
Verdaderamente existe cierta tendencia, o al menos yo la tengo, a mirar el mundo a través de los ojos de la actividad profesional que uno ejerce. Por decirlo de otra forma, siempre se buscan noticias relacionadas con tu actividad o intentas elucubrar sobre la capacidad de influencia de dicha actividad en el mundo que te rodea. Es por ello que no podemos obviar que la administración electrónica que ven los ciudadanos está muy relacionada con su desarrollo normativo. En este sentido, una legislación que favorece su puesta en marcha, dando garantías jurídicas plenas y equivalentes a la tramitación presencial, es sinónimo de mayor auge y efectividad de las TIC. Por el contrario, legislación que controla en demasía, entrometiéndose en la propia lógica de negocio o burocratizando en exceso cualquier intervención, ralentiza y desespera a los ciudadanos y empresas beneficiarias de las soluciones diseñadas, convirtiéndolas más en obstáculos que soslayar. ¿Será ello fruto de la elaboración de leyes por desconocedores de la materia? ¿Perviven aún los poderes (leáse, entre otros, grandes empresas) establecidos?
En el escenario actual debemos servirnos de las posibilidades que brinda el acceso a mercados globales, la internacionalización, la apuesta por alianzas estratégicas, la colaboración así como el aprovechamiento del potencial de las TIC para la optimización y la eficiencia del aparato administrativo.
Mª Dolores Galán Cadenas. Abogada de la Firma Jurídica ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES. Mediadora.