El 4 de noviembre se publicaba en el BOE  la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo.

Se trata de una importante ley: la transposición de la Directiva Europea sobre resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Esta ley garantiza la existencia de entidades de resolución alternativa establecidas en España que cumplan con los requisitos, garantías y obligaciones exigidas por la misma. De esta forma

los consumidores podrán acudir a entidades acreditadas incluidas en el listado único de entidades de la UE Compartir en X

Es decir: los consumidores residentes en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea tendrán la posibilidad de resolver sus litigios de consumo con empresarios establecidos en España acudiendo a entidades de resolución alternativa de calidad que hayan sido acreditadas por la autoridad competente e incluidas en un listado nacional de entidades acreditadas, el cual será trasladado a la Comisión Europea para que sea incluido en el listado único de entidades notificadas por los diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

Las propias entidades podrán voluntariamente solicitar su acreditación ante la autoridad competente que proceda Compartir en X,

Esa autoridad dictará resolución tras realizar un análisis y evaluación del cumplimiento por las mismas de todos los requisitos exigidos en esta ley.

Esta Ley no regula ni desarrolla procedimientos de resolución alternativa de litigios, sino que se limita a establecer los requisitos que buscan la armonización de la calidad de las entidades de resolución alternativa a las que pueden recurrir los consumidores y los empresarios para la solución de sus litigios.

FINALIDAD

Esta ley tiene como finalidad garantizar a los consumidores residentes en la Unión Europea el acceso a mecanismos de resolución alternativa de litigios en materia de consumo que sean de alta calidad por ser independientes, imparciales, transparentes, efectivos, rápidos y justos. A estos efectos, pretende:

1. Determinar los requisitos que deben reunir las entidades de resolución alternativa de litigios para que puedan ser incluidas en el listado de entidades acreditadas por cada autoridad competente así como en el listado nacional de entidades que elabore la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.
2. Regular el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución alternativa de litigios que lo soliciten.
3. Establecer las obligaciones que deben asumir las entidades de resolución alternativa acreditadas.
4. Garantizar el conocimiento por los consumidores de la existencia de entidades de resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el establecimiento de la obligación de información de los empresarios y la actuación de las Administraciones Públicas competentes.

PROCEDIMIENTOS EXCLUÍDOS

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

1. La negociación directa entre el consumidor y el empresario.
2. Los procedimientos de resolución alternativa de litigios iniciados por los empresarios contra los consumidores.
3. Los procedimientos ante sistemas de resolución gestionados por los empresarios u oficinas y servicios de información y de atención al cliente.
4. Los litigios entre empresarios.
5. Los intentos o actuaciones realizadas en el marco de un procedimiento judicial con el fin de intentar solucionar el litigio objeto del mismo.
6. Las reclamaciones que se refieran a servicios no económicos de interés general.
7. Las reclamaciones referidas a servicios relacionados con la salud, prestados por un profesional sanitario con el fin de evaluar, mantener o restablecer el estado de salud de los pacientes, así como la extensión de recetas, dispensación y provisión de medicamentos y productos sanitarios. h) Las reclamaciones dirigidas a prestadores públicos de enseñanza complementaria o superior.

OBLIGACIONES

Ninguna de las partes tendrá la obligación de participar en el procedimiento ante una entidad de resolución alternativa de litigios de consumo. Sin embargo

Es obligatorio para entidades financieras, de transporte aéreo o si una norma especial así lo establezca. Compartir en X

En ningún caso la decisión que ponga fin a un procedimiento de participación obligatoria podrá impedir a las partes el acceso a la vía judicial.

DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El resultado del procedimiento se debe dar a conocer a las partes en un plazo máximo de noventa días naturales contados desde la fecha de la presentación de la reclamación o, en su caso, desde la fecha en que conste en soporte duradero que se ha recibido la documentación completa y necesaria para tramitar el procedimiento.

Cuando concurra especial complejidad en el litigio de cuya solución se trate se puede prorrogar el plazo señalado. Dicha prórroga no puede ser superior al plazo previsto para la resolución del litigio y se tiene que comunicar a las partes motivadamente.

AUTORIDADES COMPETENTES

Con carácter general para todos los sectores económicos, además de punto de contacto único con la Comisión Europea para esta materia:

Es autoridad competente de acreditación la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición Compartir en X

No obstante, las Comunidades Autónomas que en su legislación hayan asumido y desarrollado competencias en materia de mediación de consumo, podrán designar autoridades competentes para la acreditación de entidades de resolución alternativa de litigios de consumo que finalicen con una decisión no vinculante para las partes.

Para obtener la acreditación, las entidades deben aprobar un estatuto o un reglamento de funcionamiento que incluya información sobre:

-Su organización y su financiación.

-Los tipos de litigios que tratan y las causas por las que pueden decidir la inadmisión de determinadas reclamaciones, dentro de las indicadas en la ley.

-El procedimiento y los efectos de la resolución.

-La formación y la experiencia de quienes dirimen los conflictos y su forma de elección.

Con carácter anual, antes del 31 de marzo de cada ejercicio, las entidades acreditadas pondrán a disposición de los ciudadanos, en su sitio web, en un soporte duradero o por cualquier otro medio que consideren adecuado, información clara y fácilmente comprensible sobre su actividad en el ejercicio anterior, haciendo referencia a aspectos como el número de litigios recibidos, el número de litigios que la entidad acreditada hubiera inadmitido a trámite, la duración media de sus procedimientos, entre otros.

¿ES GRATUITO?

Los procedimientos deben ser gratuitos para los consumidores. La directiva nada establece respecto al coste de estos procedimientos de resolución alternativa para el empresario, no incluyéndose tampoco en la ley ninguna cantidad mínima o máxima que deba soportar este, dejando libertad a las entidades de resolución alternativa acreditadas para su fijación.

OBLIGACIÓN DE LOS EMPRESARIOS DE FACILITAR INFORMACIÓN

Los empresarios deben facilitar la identificación completa de la entidad acreditada competente, incluyendo la dirección de su página web. Esta información se ofrecerá de manera clara, e identificable, comprensible y mediante un acceso fácil en su página web, debiendo constar también en las condiciones generales de los contratos de compraventa o de prestación de servicios que el empresario ofrezca al consumidor. Si el empresario no dispusiera de sitio web o no existiera documentación relativa a las condiciones generales, el suministro de esta información se efectuará de cualquier manera que permita al consumidor su conocimiento, en particular a través de folletos informativos propios, carteles con la información en lugar accesible al consumidor o cualquier otra comunicación comercial.

Esta obligación de información, que constituye una novedad importante, afecta a todos los empresarios, estén o no adheridos a las entidades de resolución alternativa acreditadas, tipificándose su vulneración como infracción sancionable en materia de protección de los consumidores y usuarios El empresario que celebre contratos de compraventa o de prestación de servicios en línea, así como las plataformas de comercio electrónico o mercados en línea, deberán incluir en su sitio web un enlace que permita un acceso identificable y fácil a la plataforma de resolución de litigios en línea de la Unión Europea a la que se refiere el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 .

EXCEPCIONES

La ADR será obligatoria para las entidades financieras y las compañías aéreas Compartir en X

En el caso de las compañías aéreas, la resolución será vinculante para ellas y será el Ministerio de Fomento la autoridad competente para la acreditación de entidades. En el ámbito del sector financiero, serán el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros o el Fondo de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Igualmente, se establece que antes del 6 de julio de 2018 el Gobierno deberá remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley que regule el sistema institucional de protección del cliente financiero, así como su organización y funciones. Mientras tanto las Juntas Arbitrales de Consumo, podrán seguir conociendo de los litigios correspondientes al sector financiero, siempre que ambas partes, de forma voluntaria, lo acepten.

Otra de las curiosidades es que la Ley define como procedimiento con resultado vinculante aquel que finalice con la imposición a cualquiera de las partes de la solución adoptada, con independencia de que el resultado conlleve o no la renuncia a la vía judicial; y como procedimiento con resultado no vinculante aquel que termine con un acuerdo entre las partes, adoptado por sí mismas o mediante la intervención de un tercero, o que acabe con una propuesta de solución, con independencia de que las partes puedan posteriormente otorgar a su acuerdo carácter vinculante o comprometerse a aceptar la proposición efectuada por la persona encargada de la solución del litigio (sería, por ejemplo, el caso de la mediación, cuyo resultado no se impone, sino que es fruto del acuerdo de las partes, con independencia de que pueda adquirir carácter de título ejecutivo si las partes optan por ello).

Miriam Laso Mangas. Departamento Jurídico de ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES.

En el barrio madrileño del Rastro, al lado de la plaza de Tirso de Molina, hay un palacete de principios del siglo XX que entre 1913 y 1933 albergó la redacción de un histórico periódico refundado en esa época por Eduardo Gasset y Artime, abuelo del filósofo Ortega y Gasset. Historia en estado puro, en su suplemento cultural colaboraban grandes nombres de la Generación del 98 como Unamuno, Baroja, Azorín o Maeztu.

El karma de Amparo nos ha traído inconscientemente hasta aquí, hasta El Imparcial. Reconvertido en restaurante de la mano de Madrid in Love, nos encontramos tomando un té-café con Amparo Quintana, abogada y mediadora, mediadora y abogada. Su trayectoria es larga en sendos campos, pero trabaja, cree y vive la mediación como sólo los grandes convencidos de esta herramienta lo hacen. Quizá porque la entiende como algo más que una herramienta de resolución alternativa de conflictos: es el vehículo idóneo de la cultura del diálogo, de la cultura de la paz.

Hemos entrado en un nuevo estadio en la mediación. Tres años después de la Ley de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, dos años después de su reglamento, se agitan los problemas de un perfil al que se han adherido numerosos profesionales provenientes de campos tan diversos como la abogacía, la psicología, el entorno inmobiliario o el sanitario. Y son todavía muchas las cuestiones a concretar.

Amparo es clara en ese sentido: cree que es muy importante la autocrítica del profesional mediador. El hecho de que se haga referencia a cláusulas de sumisión, y no de remisión a la mediación, ya hacen pensar que nos estamos viendo absorbidos por la vorágine de esta “nueva tendencia”, haciéndonos perder la esencia que debiese guiar todo lo relacionado con ella. O el hecho de que determinadas prácticas puedan suponer pequeñas “zancadillas” a otros profesionales, lo que va contra la esencia de lo que es la mediación. Pues es legítimo ganar dinero, pero ese no es el sentido de la mediación. Así pues, Amparo afirma: “Tenemos que reformularnos”.

Amparo entiende que no existe una visión única, verdadera y excluyente de la mediación; sino unas pautas que, respetuosas con los distintos códigos deontológicos que las entidades de mediación marcan, y que la propia ley establece, permiten que la mediación se instaure en nuestro sistema.

Y para esta instauración resultan fundamentales elementos como que la mediación sea preceptiva, al menos en su fase primigenia, ya que está demostrado que ayudaría a que entendiésemos esta herramienta como natural y normalizada en nuestro sistema. O que implantásemos al tiempo que desarrollamos otras acciones divulgativas la mediación escolar; lo que garantizaría que en pocas generaciones todos estuviésemos absolutamente familiarizados con la mediación.

Recalamos nuevamente en la importancia de la formación, y en la capacidad de las personas para tener una visión paralela que les permita integrar la mediación como una opción de vida. Porque “Lo importante de la mediación es la grandeza de la mediación”.

 Departir sobre mediación con Amparo

Como siempre más, mucho más. Palabras vestidas con estas imágenes. Gracias, Amparo.

Gracias igualmente a Playing for Change por la música, y a Fernando López por las fotos; así como, por supuesto, a El Imparcial, por cedernos su espacio.

¿Qué es un mediador/a? ¿En qué se diferencia de un abogado/a?

Para empezar a distinguir estas dos profesiones o figuras, entiendo que lo fundamental es el rol que cada una de ellas toma hacía las partes y el conflicto: mientras los abogados/as, como su propio nombre indica, abogan por una de ellas, es decir, interceden a favor de una de las partes, para los mediadores/as será un requisito imprescindible la imparcialidad, una imparcialidad que garantice su posición objetiva equilibrada y equidistante de las partes.

Además, al adquirir el compromiso de asumir un proceso de mediación, los mediadores/as tendrán la obligación de ayudar al proceso y nunca entorpecerlo; por lo que, en el momento en que ellos mismos vean que el asunto en cuestión no es mediable y que se debería resolver en los Tribunales, es obligación de estos profesionales renunciar a la mediación y hacerles saber a las partes cuál es el motivo.

Conocido el “enemigo”, sus intereses y las reglas de juego – a groso modo – con las que cuenta, habrá quizás que analizar si interesa a la abogacía competir con la mediación o, por el contrario, le interesa cooperar con ella.

Es bien sabido por el gremio de la abogacía que una misma persona a lo largo de su vida acudirá a un despacho de abogados en más de una ocasión. Si nuestro trabajo es satisfactorio para el cliente volverá. Ahora bien, ¿no es más cierto que el cliente en ocasiones acude a nosotros con problemas que desde un inicio intuimos, o sabemos a ciencia cierta, que no se solucionarán por la vía judicial? Bien porque el problema se ha generado en un entorno de relación estable que se mantendrá en el futuro – por lo que ir al juzgado no solucionará el verdadero problema, sino que creará nuevas y mayores tensiones; bien porque resulte antieconómico acudir a los tribunales – más aún ahora, con la guinda de las tasas; o bien porque la propia demandada podría utilizar el procedimiento judicial únicamente como método para alargar en el tiempo el pago de lo debido, mientras se descapitaliza el patrimonio de nuestros clientes.

Estos y otros ejemplos pueden hacernos ver cuán útil puede resultar la mediación en los tiempos que corren. Si los despachos de abogados, a través incluso de profesionales externos a ellos, solucionaran problemas (no sólo obtuvieran una respuesta judicial) conseguiríamos fidelizar al cliente.

Al margen de esto el mediador/a, en muchas de sus actuaciones, requerirá de las colaboraciones de despachos de abogados aunque sea de manera puntual. Es importante saber que un abogado/a que también es mediador/a no podrá prestar servicios a un mismo cliente en un mismo asunto. Por lo tanto, los mediadores/as no dejan de ser clientes potenciales de los despachos de abogados/as.

En general resulta necesaria la intervención de un despacho de abogados/as para dar forma jurídica al acuerdo alcanzado; o bien para,  directamente, ejecutar el acuerdo que en su caso no se ha cumplido aún habiendo pasado por el notario – lo que le convierte en titulo ejecutivo – ; o cuando se ha logrado en el seno de un procedimiento judicial, con la consiguiente bendición – en su caso – del señor juez y, en consecuencia y nuevamente, con carácter ejecutivo. 

De manera concreta y por ramas del derecho, las cooperaciones entre mediadores/as y abogados/as podrían ser constantes y enriquecedoras para ambos.

En el ámbito familiar, por ejemplo, cuando vengan clientes al despacho de abogados que deseen que su ruptura sentimental sea de mutuo acuerdo podremos derivar a mediación el contenido del convenio regulador; reservando al abogado finalmente la forma jurídica del mismo junto con la demanda correspondiente. En este caso la cooperación nos será muy beneficiosa puesto que, como bien sabemos, en caso de que se rompiera el entendimiento y en vez de común acuerdo la ruptura fuera finalmente contenciosa, si es un tercero mediador/a quién se encarga de los entresijos del acuerdo entre los, por el momento, cónyuges, quedaría a salvo nuestra participación como letrados.

Es más: es de destacar, en el ámbito familiar, que cuando se trate de fijar algún tipo de acuerdo que afecte al derecho dispositivo, siempre que existan menores de por medio, el convenio regulador deberá pasar por el filtro del Ministerio Fiscal; por lo que contar con la figura del Letrado/a será ineludible.

En el ámbito empresarial, si nuestros clientes son empresas familiares: derivando a mediación la creación de un protocolo de funcionamiento de la empresa familiar salvaguardaremos la vida de nuestro verdadero cliente, la empresa, que de otro modo y a consecuencia de conflictos familiares podría acabar desapareciendo por liquidación, disolución…

En materia de reclamaciones de cantidad, la mediación no solo da solución a un conflicto puntual entre empresas o entre particulares y empresas sino que pacifica, a futuro, sus relaciones. Además en numerosas ocasiones las cantidades que se han de reclamar son tan ínfimas que no merece la pena acudir a la vía judicial.

En el ámbito de conflictos vecinales, en caso de daños en las comunidades de vecinos o conflictos entre los mismos, si contribuimos a solucionar sus problemas con la mediación no solo afianzaremos un cliente sino a cada uno de esos vecinos de toda esa comunidad.

El elenco de situaciones donde la simbiosis entre abogacía y mediación es beneficiosa para ambas figuras no acaba aquí. La imaginación y creatividad de estos dos gremios estoy segura de que creará y aumentará de manera natural la colaboración entre ellos.

Ahora está en nuestra mano, en nuestros ojos, el sobrevivir y andar por esta nueva realidad que se nos presenta; en nosotras está el renovarnos, reinventarnos, crecer y mejorar. Pero siempre desde la cooperación. Para que así ganes tú y gane yo. Para que al fin seamos NOSOTROS.

Mirya Timón Morillo-Velarde, abogada en TIMÓN&MORILLO-VELARDE ABOGADOS

 Hay quienes creen en la influencia sobre la forma de ser de las personas de constelaciones, horóscopo, ascendentes y demás circunstancias astronómicas planteadas según nuestra fecha y hora de nacimiento. Un paso más allá, hay quienes defienden que las eras astrológicas afectan a los valores que identifican una determinada época de la historia. Así publicitó esta idea una conocida marca de bebida isotónica, aprovechando la coincidencia entre su nombre y el de la nueva era en la que entrábamos.

 A raíz de esa campaña publicitaria, la Asociación Española de Marketing le entregaba el Premio Nacional de Marketing 2009 a esta marca por su apuesta hacia un tipo totalmente distinto de publicidad, recogiendo y transmitiendo una vitalidad fresca, cercana a quienes la escuchan, positividad, la importancia de la persona y su singularidad, la importancia de las cosas sencillas …

 Marilyn Ferguson, en su best-seller La Conspiración de Acuario, contempla el nuevo paradigma planteado con el cambio de era. Expresamente afirma que hay problemas que solo pueden ser resueltos con su superación a través de la reconciliación y la colaboración, desde la flexibilidad, el reconocimiento del poder de GANAR-GANAR, la importancia de la transformación y el aprovechamiento de las sinergias a través de la cooperación….

 Lo cierto es que todo ello me ha llevado a asociarlo con lo mucho que hay escrito sobre mediación. Esta herramienta de resolución alternativa-adecuada de conflictos ha pasado de ser convicción de unos cuantos a normativa de diferentes rangos: internacional, europea, autonómica, y ahora nacional.

 El pasado 3 de julio se aprobó definitivamente el Proyecto de Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles procedente del Real Decreto-Ley 5/2012, de 5 de marzo. En él se define la mediación como fórmula de autocomposición eficaz para la resolución de controversias cuando el conflicto jurídico afecta a derechos subjetivos de carácter disponible.

 A la espera de su regulación por la norma sectorial que corresponda, Administraciones Públicas, laboral, consumo y penal continúan expresamente excluidas. Casualmente ayer participamos en una charla sobre mediación y terrorismo dentro del curso de verano que la UEX impartió en Don Benito: “DERECHO Y JUSTICIA FRENTE AL TERRORISMO Y SUS VÍCTIMAS”, y dio para mucha disertación e interesantes participaciones. Teoría y práctica de la mediación, en algún otro artículo profundizaremos a este respecto.

 Las instituciones de mediación (entidades públicas o privadas, españolas o extranjeras, que tengan entre sus fines el impulso de la mediación: llamada directa a Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales), NO podrán prestar directamente el servicio de mediación. Y los mediadores habrán de estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior con formación específica en mediación adquirida en uno o varios cursos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, a la espera de que el reglamento indique qué son instituciones debidamente acreditadas. También deberá hacer incidencia este futuro reglamento al Registro de Mediadores en el que hand e estar inscritos quienes deseen ejercer como tales. Parece que en principio será un Registro dependiente del Ministerio de Justicia coordinado con los Registro de Mediación que puedan existir en las Comunidades Autónomas.

 El acuerdo de mediación, elevado a escritura pública, adquirirá el carácter de título ejecutivo, aunque si se alcanzó estando iniciado ya un procedimiento judicial se puede solicitar al tribunal directamente su homologación.

 Estas y algunas otras cuestiones se recogen en la Ley, como ya hemos dicho pendiente de desarrollo reglamentario. ¿Y ahora qué? ¿Marcadas las pautas legales está sembrada la semilla de la mediación?

 THIS IS THE DAWNING OF THE AGE OF AQUARIUS

HARMONY AND UNDERSTANDING

SYMPATHY AND TRUST ABOUNDING…

Yolanda Aparicio Fernández. Asesora Jurídica. Gestión Interna y Recursos Humanos de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES.