(…) Y desde esta última consideración me permito enlazar con el posicionamiento estratégico de los colegios de abogados en la sociedad, que es el eje central, vertebrador e informador de lo que debe ser y hacer el colegio hacia sus colegiados y hacia la ciudadanía que los contempla. Y en este sentido, se echa de menos un debate interno y previo sobre el sentido de la institución, sobre su significado… que le lleve a desprenderse de esa inercia que lleva a los colegios a repetirse cíclicamente, en sus actos, en sus formas, en sus contenidos, en su organigrama… como si fueran estaciones meteorológicas. Y esa reflexión del alma de la institución debería orientarse a buscar la identidad y el sentido mismo de los colegios profesionales, en los que el mapa de recursos, los servicios, deberían ser un elemento accesorio y secundario, si acaso diferenciador y si me apuran proporcional y adaptado a las necesidades de los usuarios, apartándose de la estandarización, de los arquetipos… porque el servicio y las prestaciones del Colegio de Madrid para el letrado ejerciente en esa comunidad no puede ser el mismo que el adecuado para el letrado de Herrera del Duque dependiente del Colegio de Abogados de Badajoz. Los servicios deberían ser el adorno de la institución, nunca su seña de identidad, salvo que se entendiera como servicio (que podría serlo) la representación de la profesión misma. Pero para que esta acción fuera aceptada como el servicio y no como un servicio más desarrollado desde una dinámica anodina, se requiere una interiorización comprometida del sentido mismo del Colegio como bandera del “ser” letrados. Y ese “ser” es el que hay que definir y asimilar concienzudamente, porque la potencialidad de los Colegios pasa por centrarse en solidificar y dar firmeza al colectivo, a la masa, en dar pautas de identificación inequívocas de los valores que configuran el ejercicio profesional para estima de la sociedad. Los colegios tienen la misión de ser el escaparate de los principios esenciales de la abogacía, y de que tales principios sean percibidos y reconocidos por la sociedad. Por ello un marketing humanista y humanizador, cuidadosamente elaborado y ejecutado, sería uno de los cometidos básicos de los colegios en el espectro de tareas propiciadas por asumir esa misión social en pos de un reconocimiento actualizado de la abogacía.

A mayor abundamiento de todo ello, esa definición y proclamación incesante de los elementos definidores del “ser” letrados, tendría efectos extrínsecos e intrínsecos. Entre los primeros: serviría para transformar en visible la realidad de nuestra profesión, abrir nuevos horizontes de aprecio social, marcar líneas delimitadoras de la extensión que alcanza el ejercicio de la abogacía, rompería estereotipos que encorsetan la práctica profesional y suponen un terreno abonado para el intrusismo y la competencia desigual con otros sectores que son percibidos de forma más próxima al ciudadano (abogados para los pleitos), proclamaría un posicionamiento estratégico unido al fin social de la profesión, al sentido mismo del ejercicio, implicaría una justificación cualificada de la práctica profesional del colectivo que se ajustase a los cánones filosóficos y éticos definidos por la institución. Y para ello me atrevo a sugerir que los colegios deben recurrir a la profesionalización especializada de su organigrama, a destinar recursos ingentes en materia de comunicación, de promoción, de marketin y representación; a desarrollar programas propios destinados a informar y a formar la opinión pública sobre lo que somos y hacemos como letrados, sobre lo que nos identifica, define y califica; a promover estrategias que denoten nuestro peso en la sociedad, nuestra presencia en los foros de debate legislativo y judicial más allá de valoraciones o intervenciones ulteriores; a implementar mecanismos de diálogo social, herramientas propias que movilicen de forma proactiva a la sociedad, a los colegiados, a los poderes ejecutivos en la dirección que justificadamente propongamos… El respeto y el prestigio de nuestra profesión no debe residir en grandes edificios, glamurosos actos, ni la representación de la misma puede dejarse a la deriva de intervenciones o imágenes más o menos afortunadas de cualquier ejerciente; sino que serían el compromiso social, la conciencia colectiva, la identificación y la defensa de unos valores y principios, la cercanía al problema y a los afectados, la accesibilidad, los que habrían de sostener y amparar la estima social de la profesión, su consideración. Los colegios profesionales de abogados no pueden ser elementos recurrentes de la evolución normativa y social, sino instituciones reivindicativas, representativas, proactivas y coordinadoras; plataformas de debate, de diálogo, “turbinas” del sistema; fábricas de propuestas… Los abogados no sólo debemos ser estudiantes de nuevas leyes, sino precursores de normativa útil… y lo debemos ser como institución, como colectivo. La representación de la profesión radica notoriamente en nuestros colegios, no en determinados profesionales o firmas por grandiosa que sea su reputación o su prestigio. Lo que planteo y propongo con cierto atrevimiento pasa por desechar el desfile de “togas blanqueadas” en que a veces se convierten los colegios, en erradicar el papel de “lobby” que se atribuye a las directivas con todos los matices de “política colegial”, dar un vuelco a las motivaciones que presuntamente pueden mover a los cargos colegiales incentivando mucho más el rol de representatividad del colectivo y eliminando ese perfil promocional y honorífico de los puestos de responsabilidad. Y ello pasa por la citada profesionalización, por la dedicación exclusiva de los cargos directivos, por la elaboración de planes estratégicos, por un discernimiento interno sereno y extenso… y a lo mejor hasta por vender edificios para atesorar recursos en pos de otras prioridades. Se pretende actuar sobre la percepción de la sociedad desde la revolución interior del colectivo.Y no se me olvidan los efectos intrínsecos de subrayar y enaltecer los aspectos definitivos del “ser” en la profesión, que tienen que ver con la competitividad del colectivo, con la discriminación de las prácticas poco éticas o leales, antideontológicas; con una mayor uniformidad a la hora de presentarse a la sociedad; que implican la asimilación de unos pilares imprescindibles de la práctica profesional; que suponen ceñirse a unos parámetros consensuados que marginan las conductas y comportamientos que dañan la profesión, y van creando un camino común, un sentimiento de unidad, y unos perfiles de identificación y catalogación que simplificarán las justificaciones ante la sociedad de nuestro ser y nuestro hacer. (…)

Extracto de un artículo de Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES. Presidente de AJE y Secretario General de CEAJE