Desde mis cargos y cargas y como empresario he testado y pulsado la realidad del mercado financiero a través de reuniones de trabajo con diversas entidades financieras y algunas instituciones públicas del sector financiero-crediticio: BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Banco Popular, Enisa, ICO, Arsys… E institucione europeas: Parlamento Europero (Comisión Económica), BEI, FEI… Y este itinerario me ha permitido contemplar con estupefacción la cadena de divergencias y distancias hasta acabar con una intensa sensación de que en lugar de ser eslabones de una cadena única, son escalones deteriorados y distantes de escaleras distintas: Los bancos no creen en el ICO, el ICO no cree en los bancos; los bancos no creen en las SGR; las SGR no creen en el ICO ni se entienden con los bancos; y los Bancos no ven bien a la mayoría de las SGR… Y al final de estos eslabones deslabazados… los empresarios no creen en nadie, aunque lo intentan con todos, hasta el punto de acabar dudando hasta de sí mismos. Y los mecanismos e instituciones europeas casi asisten expectantes a que sus fondos para pymes se muevan en nuestro sistema como en un “ping-ball” sin apenas encontrar el destino pretendido.

Así, esta aventura crediticia absolutamente empírica y vivida en clave empresarial, representativa y técnica, me arroja estas conclusiones respecto de las dificultades de acceso al crédito de nuestras empresas:

• Se están articulando medidas en el plano normativo y político institucional tendentes a dotar de liquidez al sistema cuando el problema principal radica en la solvencia, valoración del riesgo y el nivel de garantías que ofrecen las empresas.

• A nivel legislativo y político se incentiva e impulsa la creación de nuevas empresas y nuevos proyectos emprendedores, mientras que los agentes financieros prefieren las nuevas líneas de negocio, la innovación y la sostenibilidad o impulso de empresas con una mínima trayectoria evaluable y acreditable. Además, esta tendencia puede generar una perversión en el sistema que lleve al propio empresario desechar o desactivar empresas con trayectoria para promover nuevos proyectos desde nuevas sociedades. 

• Los actuales mecanismos financieros públicos o mixtos (público-privados) no tienen en su naturaleza jurídica poder actuar y financiar de modo directo la actividad empresarial y sólo admiten la intermediación bancaria y de entidades fianancieras para canalizar sus fondos orientados a pymes; o constituirse como fondo de fondos, y los pasos en otras direcciones son pocos, lentos y temerosos. 

• Hay una demanda crediticia que tiene que ver con la sostenibilidad empresarial, con el mantenimiento del empleo, con la generación de puestos de trabajo y la activación de nuevas líneas de negocio, de jóvenes empresas, jóvenes empresarios (mayores de 30 años) y emprendedores con trayectoria que son excluidos de las opciones legales, coberturas financieras y principales medidas que se contemplan, y que tienen una orientación más estructural pero con un impacto real muy limitado. 

• La transformación o modificación de los mecanismos actuales y la reorientación de su naturaleza se topa con la legítima prudencia de la Administración Pública ante el riesgo de morosidad. Y es precisamente el riesgo en cuanto a su semántica, su extensión y su asimilación el elemento bisagra para desatascar el panorama de crédito y liquidez. 

• El dinero procedente de Europa en sus distintas formas y canales circula por nuestros mecanismos como por un alambique, de modo que apenas a modo de gotas consigue alcanzar en forma y tiempo el objetivo de origen. 

• El propio BEI ha reforzado el impulso y sentido del FEI como su herramienta para Pymes, pero igualmente requiere o reclama una intermediación financiera de garantías o canales públicos adecuados. 

• Las Sociedades de Garantía Recíproca adolecen de una dispersión y disparidad radical en cuanto a eficiencia y eficacia, de modo que es más excepcional la que verdaderamente funciona y cumple sus fines a efectos de avalar financiación empresarial, que la que simplemente sobrevive como instrumento artificial y en la, actualidad, hasta como elemento de decoración y excusa obsceno. Las que funcionan se circunscriben a su ámbito territorial y la mayoría de los territorios están huérfanos de esta pretendida oportunidad, que como concepto es el más cercano a ser parte de la solución, pero que por idiosincrasia y tendencia es finalmente también parte del problema. 

• Las entidades “nacionalizadas” o rescatadas no soportan ninguna exigencia directa en esta materia más allá de recomendaciones; de modo que los fondos públicos aportados tampoco se están canalizando a estos fines. 

Y frente a esto, a uno se le escapa porque aquello con capacidad, poder, competencia y sobre todo responsabilidad para hacer algo, no llevan a cabo alguna de estas opciones o todas ellas como medidas concurrentes y desde luego mucho más eficientes que el trasiego de fotos y “buenas intenciones” al que asistimos de modo continuado:

• Mecanismos de inversión privada y generar redes flexibles de Business Angels, con protocolos financieros específicos y poniendo en valor la empresa, al empresario y su proyecto o línea de negocio como aval. 

• Buscar fórmulas colaborativas en el mercado financiero a tres bandas: empresario-bancos-sistema público, mediante instrumentos de compartición del riesgo; donde el análisis económico-empresarial en términos cualitativos implique la principal base de aprobación de operaciones crediticias, configurando un órgano técnico-institucional, con un protocolo financiero pactado con los representantes empresariales, donde se fijen criterios y procedimientos de concesión. Un sistema similar al jefe científico en el modelo de Israel, pero con un componente más colegiado aunque revestido de un alto grado técnico y con margen de decisión en materia de apoyo empresarial. 

• Promover y propiciar mecanismos públicos de aval y de garantía, esto es, que los fondos europeos y estatales destinados a Pymes y emprendedores se canalicen a través de instrumentos de aval que solventen y cubran las dificultades de solvencia y garantía de los empresarios y sus empresas jóvenes. También conllevaría una puesta en valor de la empresa y el empresario como garantía y aval principal de su solicitud de crédito, y un protocolo financiero determinado al efecto, además de la implicación de las entidades bancarias, aceptando un porcentaje del riesgo con cargo a su negocio. 

• Se propone una redefinición de las sociedades públicas que canalizan fondos para que puedan trabajar, colaborar e intermediar con instituciones o entidades públicas o privadas no financieras, y relacionadas o vinculadas con la empresa y el emprendimiento, con procedimientos tasados y fines específicos. 

• Exigencia específica y tasada a las entidades rescatadas y nacionalizadas de concesión de préstamos a pymes y jóvenes empresarios o nuevas líneas de negocio con el protocolo y condiciones ya descritas, asumiendo una parte importante del riesgo en compartición con el empresario. 

• Concentrar en un solo organismo o figura la gestión y coordinación de estos mecanismos y estos fondos. 

• Y desde el concepto y virtualidad de la Responsabilidad Social Corporativa, valorar, evaluar y baremar a estos efectos, la implicación de multinacionales, y grandes compañías y empresas nacionales, como inversores en nuevas empresas o en nuevos proyectos empresariales de jóvenes; de modo que esas líneas de inversión directa y acreditadas tengan impacto tangible en materia de licitaciones y concesiones. 

Si bien de modo transversal e imprescindible para activar, o ponderar estas opciones, resulta ineludible afrontar un cambio de paradigma y nuevos criterios a nivel político institucional y a nivel social, que podría resumirse en que: la verdadera apuesta por la empresa y la cultura emprendedora pasa por asumir riesgos entre todos y por todos, esto es, Administraciones Públicas, empresarios y agentes o entidades financieras. De forma, que la Administración esté dispuesta a arriesgar un poco en materia de morosidad y la entidad bancaria también acepte su cuota, porque el empresario llevará de serie su responsabilidad. La deuda productiva como generador de oportunidades empresariales y de dinamización económico.

Desde esta convicción será más accesible afrontar una reconversión de la natulareza y operatividad del ICO, incluso con su orientación a sistema de fondo de aval empresarial; acometer una verdadera reforma de las SGR para que sean lo que deben ser o desaparezcan y se extingan las que no son nada de lo que debieran; y para priorizar como sostén y justificación crediticia el empresario y su empresa.

Los ánimos en estas direcciones convergen. Europa, nuestro Gobierno, las entidades financieras, las necesidades empresariales, falta la concurrencia en la decisión firme y en la voluntad, y el elemento bisagra: arriesgar de verdad por lo que realmente vertebra nuestro sistema, que es la empresa y la vocación emprendedora en sus múltiples formas.

ÁNGEL L. GÓMEZ DÍAZ. Socio – Fundador y Director General de la Firma ÁREA-ABOGADOS Y ASESORES. SECRETARIO GENERAL DE CEAJE