Vivimos en un «Estado (y estado) de morosidad permanente», donde quien debería ser uno de los garantes y ejemplo de cumplimiento es el principal responsable de la cadena incumplidora, que llega a tal nivel que convierte en extraordinario al que atiende sus obligaciones ordinarias. Hay leyes (exigidas desde Europa) para atajarlo que no se aplican o no son eficaces porque al final puede más la ley del más fuerte y el miedo de los pequeños y medianos al grande. El sistema judicial se presenta excesivamente garantista, lento e ineficiente, alejado del ritmo económico y de la realidad empresarial. Pero la única certeza es que resignarse y aceptar todo esto no puede ser una opción, aunque a quien más posibilidades y potestades tiene de revertir el escenario (la Administración Pública en sus diversas versiones) le interese que siga como está.
Acaso me parece que habría vías que emprender como solución bastante evidentes y viables: compensaciones automáticas de impuestos y pagos a la Administración (ágiles, reales y directas con medios telemáticos y sin crear otro océano burocrático) tanto a empresas como a particulares con créditos a favor; inversión de la carga de la prueba en los procedimientos judiciales (que el demandado sea quien deba acreditar el pago de modo fehaciente y hasta ese momento sea tratado como incumplidor por los tribunales) de manera que se permitan embargos preventivos y retenciones cautelares del patrimonio del deudor con la presentación de la reclamación (algunos dirán que este es el sentido de los procedimientos monitorios y otros ejecutivos pero su realidad es otra, precisamente por el celo y garantía del proceso con el deudor que es presunto hasta límites insospechados); la puesta en marcha definitiva de un proceso ágil con medios propios y separados en los propios tribunales de justicia (algo está en ciernes pero a expensas de su activación y de los presupuestos oportunos); la penalización concreta de la morosidad y su litigiosidad acreditable en los concursos y licitaciones públicas (habilitando un registro donde figure y se justifique esta situación de litigiosidad o demora por los perjudicados); procesos automáticos y rápidos de derivación de responsabilidad a efectos patrimoniales en Administradores de Sociedades mercantiles no liquidadas ordenadamente y en tiempo y forma, o una suerte de proceso sumario automático acumulado o subsidiario junto a la propia sociedad; autopenalización de la Administración con recargo de intereses directo cuando incumple los plazos legales…
Old clock close up view
Vamos que mecanismos y herramientas hay y no necesariamente complejas, pero asumamos que todo funciona en base al sacrificio generalizado del pequeño y el mediano empresario en particular, y del pequeño y mediano contribuyente en general. Si esto viene siendo la dinámica histórica predominante es porque interesa que así sea y la financiación del Estado y nuestra macro-estructura institucional se financia directamente a base de impuestos e indirectamente a través de estas demoras tendenciosas como algunas de sus principales fuentes.
Y enlazando con lo anterior la ingente bolsa de fraude, que permite dos conclusiones unido a lo comentado: el sistema no pone fácil el cumplimiento ni es lo suficientemente proporcional y progresivo o accesible (si muchos no afrontan o no llegan a sus obligaciones o las eluden, también hay que revisar las obligaciones y no sólo al obligado) y un Estado de derecho que se precie de serlo no puede consentirse situaciones de dificultad, ruina o fracaso imputables al incumplimiento, ineficacia o inacción de la Administración y el incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades. Esto además de nuestra manida naturaleza «pícara» o dicho de otra forma, de nuestra pobre cultura de la responsabilidad y nuestro creciente descrédito del uso y gestión de lo público por quienes les corresponde hacerlo, dibuja un contexto endémico y viciado que hay que enfrentar como prioridad, y donde todos hagamos el ejercicio que nos corresponde de sacrificio, compromiso y honestidad, empezando (va en el sueldo y en el cargo) por quienes nos representan.
No podemos resignarnos a lo inaudito porque es imposible un sistema perfecto pero tampoco es admisible seguir como estamos.
Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES