JUSTICIA: Necesito que corras pero ve descalzo

Llevo días dándole vueltas a este tema tras la publicación de la norma. He leído y escuchado todo lo posible a nivel político y a distintos profesionales de la Justicia. Se trata de no opinar de oídas ni actuar desde teorías (aunque es una práctica muy extendida en todas las esferas, incluidas las más altas de representación).

EGO LEGO - Medidas en Justicia COVID19 Y sin ánimo exhaustivo pero sí desde quien está muy próximo a la realidad en cuestión me atrevo a desgranar lo siguiente con espíritu crítico desde la responsabilidad:

  • Habilitar Agosto a efectos judiciales sirve para poco o para nada y se hace a costa de muchos y desoyendo a casi todos (el CGAE ha gimoteado con poco éxito). Otra muestra más de que oír y escuchar no es lo mismo y en este caso, decir que se escucha y hacerlo realmente también presenta una enorme diferencia. Y la política de anuncio e información sin contraste, sin recoger la realidad distorsiona.
  • Traerá consigo cargas de trabajo y responsabilidad añadida para abogados y procuradores sin que se consiga el deseado efecto de una Administración de justicia trabajando a pleno rendimiento porque los funcionarios sí tendrán sus vacaciones (están en su derecho): serán tres meses a medias. Y desde luego, ni ahora ni antes medio mes de agosto va a resolver los problemas de la Administración de justicia ni de lejos porque entonces ya estaría solucionado sin esperar a este agosto. Y ese expolio de las vacaciones sobre todo de  los abogados y procuradores sí es “dejar gente atrás” o más bien pasarle por encima a quienes también sirven.

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  • Durante el estado de alarma (y por supuesto ya antes de todo esto) y después de él el atasco judicial seguirá y aumentará porque no se ponen los medios necesarios. No hay dinero. Muchos funcionarios no han podido trabajar en este periodo porque no hay recursos telemáticos adecuados. Es decir, no han teletrabajado. Y ahora tampoco los habrá y la Administración de Justicia no puede poner a teletrabajar a sus funcionarios. Así, salvo jueces y fiscales, y no todos, poco teletrabajo y poca o ninguna digitalización de la que se pretende que ahora sea una solución pero sin medios. Y eso del trabajo a puerta cerrada y de los mail y las llamadas no ha sido antes y no parece fácil que sea ahora.

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  • Lo de funcionar en jornadas partidas implicará disfunciones y mermas de eficiencia que veremos a ver cómo se resuelven en el reparto de asuntos, y no redundarán en maximizar rendimientos ni mucho menos y más bien apunta a lo contrario. Tiene pinta de menos horas o peor repartidas.
  • Y todos los plazos antiguos sufren el consiguiente retraso …o sea que no se han interrumpido en términos generales sino que más bien se les ha puesto un paréntesis o corchetes o se les aplica un reseteo que conlleva más tiempo para llegar donde se esperaba y estaba previsto en cuanto a avances procesales. Unido a la previsible masa de nuevos litigios que se pondrán en cola porque no hay más jueces ni más medios.

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  • Nada del fomento o impulso definitivo de los métodos alternativos de resolución de conflictos como solución real.
  • Hubiese sido deseable y seguiría siéndolo un trabajo intenso a puerta cerrada despachando resoluciones, diligencias, oficios…; y que se restringiera la presencialidad procesal a lo indispensable y se ventiralan muchos procedimientos mediante escritos o videoconferencias o medios audiovisuales efectivos…pero para eso tienen que darse esos medios de verdad y funcionar. Si hubiese tenido lugar en este tiempo tendríamos un “bendito” aluvión de notificaciones avanzando en procedimientos…y parece que no es ese el horizonte inmediato.

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  • Y claro, no abundaremos mucho, pero tampoco podemos obviar que con este Decreto se afecta una ley orgánica, se birlan o se regatean facultades del CGPJ, del consejo de fiscales, Consejo de Estado y/o del senado.
  • A todo esto, seguimos sin fecha concreta, pese al Decreto, para que se empiece a activar el funcionamiento de la “nueva normalidad judicial”, y me temo también que no hay Epis ni medidas de seguridad para todos los que tienen que trabajar en los juzgados de España, partiendo de que ni siquiera parece haberlos para todos los sanitarios. Pero eso sí, los abogados y procuradores no tienen que usar toga, así que toque post moderno y creo que casi el más innovador de todo lo previsto.

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Confiaremos en la responsabilidad y compromiso de todos los que estamos en esto a “pie de obra” (con permiso y con perdón de los sindicatos) para que esta agilización de la Justicia no termine en una injusticia acelerada. Al final es el voluntarismo personal el que será parte de la solución ante lo que es un problema endémico. Y si alguien cree que soy demasiado pesimista le invito a que profundice en la reflexión de una pregunta: ¿qué pasaría o que cambiaría realmente si no existiera o no se aplicara este Decreto?… sinceramente, creo que no demasiado más allá de los guiños a la flexibilización concursal, y lo de las togas, y por supuesto que lo que ya iba lento ahora irá más lento y más tarde, y lo que ya tenía fecha ahora tendrá otra posterior…

 

Y efectivamente todo suena lamentablemente a un “necesito que corras pero ve descalzo” y a seguir cavando este pozo de la gestión de nuestro sistema judicial. Así, la exageración de garantías (tienden muchas veces a ser un cobijo más válido para el incumplidor), la falta de medios, la resistencia al cambio, la desatención de las voces más autorizadas y representativas, y la falta de talento y un mínimo de audacia en las decisiones, sigue abocándonos a un colapso que no es consecuencia de un virus pero que puede terminar de rematarse por este.

Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma Jurídica ÁREA, GRUPO BÁLAMO.

AY, JUSTICIA

En una mezcla de descontento, desilusión y, sin duda, gran expectación por las últimas noticias aparecidas en la prensa, asisto al desayuno con el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Con la “Operación Lezo” pisándole los talones bien podríamos a ver entonado “Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos, lo niego todo, incluso la verdad” del gran Sabina.

            El encuentro en pleno Barrio de las Letras de la capital contaba con la presencia de personalidades del mundo de la judicatura, la abogacía así como representantes de la administración pública y de partidos político y, como no, periodistas, muchos periodistas.

            Si algo llama mi atención nada más entrar en el desayuno es la presencia de todos los medios de comunicación a la caza de la que pudiera ser la última pieza y es ésta presencia la que determinó el cauce del debate y hace cuando menos replantearnos si la tan demandada independencia del Poder Judicial lo debe ser hoy no sólo de los otros poderes del Estado sino también del llamado “cuarto poder”, bien entendida como ausencia de presiones o influencias y no recortes a la Libertad de expresión

            En plena andadura de la recién creada Subcomisión de Justicia, encargada de fijar los ejes para acordar la Estrategia Nacional de la Justicia, Catalá, que aboga por una reforma integral de la Justicia que revise el actual modelo, su sistema de funcionamiento y la arquitectura normativa que la sostiene, se reafirma en el necesario consenso como base. Habrá que esperar el transcurso de los 6 meses concedidos a esta Comisión para conocer cual es la respuesta al actual clima de desconfianza hacia la Justicia .

            El titular del área de Justicia del Ejecutivo clasifico las reformas en materia de Justicia en tres: las que demandan los profesionales, las que demandan la sociedad y, por último, las que demanda la economía.

– Entre las reformas que demandan los profesionales: mas recursos, leyes procesales con mejor respuesta, mejorar la fase de ejecución de sentencias así como reformas en materia de notificaciones con mejoras en la sede judicial electrónica. En éste sentido apunta a una necesaria reforma integral del modelo procesal penal donde la instrucción será llevada por el Fiscal y donde la acusación popular será reducida drásticamente. También aludió a la necesaria revisión de los aforamientos para responder al debate social existente , si bien, dicha revisión debe ser en un conjunto procesal penal y no de forma aislada o fragmentada

-Las reformas que demanda la sociedad: una justicia más ágil, más cercana, más transparente y que luche contra el delito. No falto la mención a la necesaria reforma de la Justicia Gratuita que determine claramente la naturaleza y alcance de este servicio público; que establezca compensaciones dignas y que agilice el pago a los profesionales que ejercen en el turno de oficio.

– Las reformas que demanda la economía: Catalá se refirió en su intervención al borrador de reforma de la Ley Hipotecaria, con la que se pretende dar respuesta a lo sucedido en los últimos tiempos y reforzar la garantía de los consumidores. La transposición que debe hacerse de la directiva sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial es una buena ocasión para llevar a cabo una serie de reformas que debe afectar no sólo al control de transparencia informativa precontractual, necesario, sino también a leyes como el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria o la Ley General de Usuarios y Consumidores, Código de Comercio y el futuro Texto refundido de la Ley Concursal. En este marco el ministro de Justicia se fija como objetivo reducir el número de leyes.

            Concluyó este artículo con las palabras de Don Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional,  en un artículo publicado allá por el año 95 en el periódico el  País, “ Si digo que me acojo a su benevolencia no hago falta retórica, sino que formulo un deseo más bien ingenuo, pero sincero, acogiéndome a mi condición de neófito en este oficio, uno entre tantos. Llegado aquí, sólo me queda poner punto final al prólogo, firmarlo y fecharlo, con el ruego al editor de que en la letra impresa mantenga las de la data”.

Mª Dolores Galán Cadenas. Abogada de la Firma AREA ABOGADOS Y ASESORES