Llevo días dándole vueltas a este tema tras la publicación de la norma. He leído y escuchado todo lo posible a nivel político y a distintos profesionales de la Justicia. Se trata de no opinar de oídas ni actuar desde teorías (aunque es una práctica muy extendida en todas las esferas, incluidas las más altas de representación).

Y sin ánimo exhaustivo pero sí desde quien está muy próximo a la realidad en cuestión me atrevo a desgranar lo siguiente con espíritu crítico desde la responsabilidad:

• Habilitar Agosto a efectos judiciales sirve para poco o para nada y se hace a costa de muchos y desoyendo a casi todos (el CGAE ha gimoteado con poco éxito). Otra muestra más de que oír y escuchar no es lo mismo y en este caso, decir que se escucha y hacerlo realmente también presenta una enorme diferencia. Y la política de anuncio e información sin contraste, sin recoger la realidad distorsiona.
• Traerá consigo cargas de trabajo y responsabilidad añadida para abogados y procuradores sin que se consiga el deseado efecto de una Administración de justicia trabajando a pleno rendimiento porque los funcionarios sí tendrán sus vacaciones (están en su derecho): serán tres meses a medias. Y desde luego, ni ahora ni antes medio mes de agosto va a resolver los problemas de la Administración de justicia ni de lejos porque entonces ya estaría solucionado sin esperar a este agosto. Y ese expolio de las vacaciones sobre todo de  los abogados y procuradores sí es “dejar gente atrás” o más bien pasarle por encima a quienes también sirven.

• Durante el estado de alarma (y por supuesto ya antes de todo esto) y después de él el atasco judicial seguirá y aumentará porque no se ponen los medios necesarios. No hay dinero. Muchos funcionarios no han podido trabajar en este periodo porque no hay recursos telemáticos adecuados. Es decir, no han teletrabajado. Y ahora tampoco los habrá y la Administración de Justicia no puede poner a teletrabajar a sus funcionarios. Así, salvo jueces y fiscales, y no todos, poco teletrabajo y poca o ninguna digitalización de la que se pretende que ahora sea una solución pero sin medios. Y eso del trabajo a puerta cerrada y de los mail y las llamadas no ha sido antes y no parece fácil que sea ahora.

• Lo de funcionar en jornadas partidas implicará disfunciones y mermas de eficiencia que veremos a ver cómo se resuelven en el reparto de asuntos, y no redundarán en maximizar rendimientos ni mucho menos y más bien apunta a lo contrario. Tiene pinta de menos horas o peor repartidas.
• Y todos los plazos antiguos sufren el consiguiente retraso …o sea que no se han interrumpido en términos generales sino que más bien se les ha puesto un paréntesis o corchetes o se les aplica un reseteo que conlleva más tiempo para llegar donde se esperaba y estaba previsto en cuanto a avances procesales. Unido a la previsible masa de nuevos litigios que se pondrán en cola porque no hay más jueces ni más medios.

• Nada del fomento o impulso definitivo de los métodos alternativos de resolución de conflictos como solución real.
• Hubiese sido deseable y seguiría siéndolo un trabajo intenso a puerta cerrada despachando resoluciones, diligencias, oficios…; y que se restringiera la presencialidad procesal a lo indispensable y se ventiralan muchos procedimientos mediante escritos o videoconferencias o medios audiovisuales efectivos…pero para eso tienen que darse esos medios de verdad y funcionar. Si hubiese tenido lugar en este tiempo tendríamos un “bendito” aluvión de notificaciones avanzando en procedimientos…y parece que no es ese el horizonte inmediato.

• Y claro, no abundaremos mucho, pero tampoco podemos obviar que con este Decreto se afecta una ley orgánica, se birlan o se regatean facultades del CGPJ, del consejo de fiscales, Consejo de Estado y/o del senado.
• A todo esto, seguimos sin fecha concreta, pese al Decreto, para que se empiece a activar el funcionamiento de la “nueva normalidad judicial”, y me temo también que no hay Epis ni medidas de seguridad para todos los que tienen que trabajar en los juzgados de España, partiendo de que ni siquiera parece haberlos para todos los sanitarios. Pero eso sí, los abogados y procuradores no tienen que usar toga, así que toque post moderno y creo que casi el más innovador de todo lo previsto.

Confiaremos en la responsabilidad y compromiso de todos los que estamos en esto a “pie de obra” (con permiso y con perdón de los sindicatos) para que esta agilización de la Justicia no termine en una injusticia acelerada. Al final es el voluntarismo personal el que será parte de la solución ante lo que es un problema endémico. Y si alguien cree que soy demasiado pesimista le invito a que profundice en la reflexión de una pregunta: ¿qué pasaría o que cambiaría realmente si no existiera o no se aplicara este Decreto?… sinceramente, creo que no demasiado más allá de los guiños a la flexibilización concursal, y lo de las togas, y por supuesto que lo que ya iba lento ahora irá más lento y más tarde, y lo que ya tenía fecha ahora tendrá otra posterior…

Y efectivamente todo suena lamentablemente a un “necesito que corras pero ve descalzo” y a seguir cavando este pozo de la gestión de nuestro sistema judicial. Así, la exageración de garantías (tienden muchas veces a ser un cobijo más válido para el incumplidor), la falta de medios, la resistencia al cambio, la desatención de las voces más autorizadas y representativas, y la falta de talento y un mínimo de audacia en las decisiones, sigue abocándonos a un colapso que no es consecuencia de un virus pero que puede terminar de rematarse por este.

Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma Jurídica ÁREA, GRUPO BÁLAMO.