Alarma y Arrendamientos: Efectos Secundarios del COVID19

Todo el mundo sabe que los contratos se firman para ser cumplidos, respetando  lo acordado (pacta sunt servanda). ¿No cabe, entonces, excepción a esta regla, ni siquiera en una situación  tan extraordinaria como la que estamos padeciendo?

Fernando AlfaroLo cierto es que  la situación generada por el coronavirus y el estado de alarma va a hacer imposible que muchos arrendatarios puedan pagar sus rentas, debido al cierre obligatorio de sus locales y establecimientos, decretado por el gobierno. Este cierre impedirá que realicen sus actividades y que, por tanto, puedan generar ingresos que les permitan pagar sus rentas.

Fernando Alfaro

Con el objetivo de paliar situaciones tan extraordinarias como las que ahora nos toca vivir,  el derecho ha generado mecanismos que buscan restablecer el equilibrio de las prestaciones entre las partes. Es la denominada cláusula  rebus sic stantibus, que podría traducirse como “estando así las cosas” y que no aparece recogida en el código civil ni en otras leyes, sino que ha sido creada por la doctrina y la jurisprudencia.

Fernando Alfaro

Tal y como ha determinado nuestro Tribunal Supremo, sólo se admite en circunstancias extraordinarias, como podrían se las actuales, debiendo aplicarse con prudencia para no alterar la seguridad jurídica y siempre que se cumplan determinados requisitos:

         –  Las circunstancias deben ser sobrevenidas e imprevisibles.

         – Deben causar una  onerosidad excesiva,  suponiendo una alteración de la base económica del contrato.

         – Hagan inalcanzable la finalidad del negocio, de manera que se ocasione un desequilibrio de las prestaciones que se habían establecido.

Con base en este mecanismo y siempre que se cumplan los requisitos mencionados, podría solicitarse la revisión o, incluso, la resolución del contrato, si bien deberán distinguirse  los locales que se han visto obligados a cerrar por decisión gubernamental de otros que puedan seguir abiertos, aunque también sus negocios puedan verse afectados como consecuencia de la situación actual.

Fernando Alfaro

La postura más prudente, dependiendo de cada supuesto, podría ser la solicitud de modificación  o suspensión del contrato, de manera que se establezca una reducción de la renta o, incluso, que no fuera exigible su pago durante el tiempo que se mantengan las circunstancias  extraordinarias.

Como siempre recomendamos, antes de iniciar cualquier tipo de acción, lo indicado es ponerse en contacto con la otra parte y tratar de alcanzar un acuerdo, pues la situación actual no se ha producido por voluntad de las partes, sino que se debe a un acontecimiento extraordinario y no deseable para todos. Ya sabemos que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, aunque lo que siempre recomendamos es un buen acuerdo. En España contamos con grandes profesionales de la mediación que pueden servir de facilitadores en estos procesos, y que pueden ayudar a alcanzar el mejor convenio transitorio que haga viable el negocio jurídico que dio lugar a la relación contractual, con el menor impacto negativo posible para sendas partes.

 

Comisión Extraordinaria del Equipo de Letrados de la Firma ÁREA-GRUPO BÁLAMO

 

Cuaderno de Bitácora: Primera Semana de Coronavirus (Actualizado 15 abril 2020)

(Este artículo se actualiza durante el curso del Estado de Alarma, conforme a la evolución de la legislación publicada durante este periodo)

Hace prácticamente una semana que se disparaba una situación inédita cabría afirmar que para todos los ciudadanos de a pie en España. Twitter se hace eco de ello:

Tiempos convulsos para todos, el mundo jurídico entra en una vorágine normativa que no necesariamente resuelve nuestras dudas. Sirva como muestra el compendio oficial, más allá del propio DOE, que realiza la Administración Pública, actualizado a 17 de marzo de 2020:

EGOLEGO – MAPA – Compendio Legislativo

Si el mundo jurídico no es capaz de acercar al ciudadano este encaje normativo, difícilmente alcanzamos la excelencia en nuestra labor. Vamos por ello, a grosso modo, a comentar el desarrollo normativo que ha tenido lugar en estos días:

En el plazo de 10 días hemos vivido la publicación de tres Reales Decretos Leyes:

ACTUALIZADO A 30 DE MARZO DE 2020:

ACTUALIZADO A 1 DE ABRIL DE 2020:

ACTUALIZADO A 8 DE ABRIL DE 2020:

ACTUALIZADO A 15 DE ABRIL DE 2020:

El Real Decreto Ley (artículo 86 CE) es una norma jurídica con rango de Ley, lo que significa que, por encima de ella solo se encuentra la Constitución; y todas las normas con rango inferior deben respetar sus indicaciones. Su particularidad radica en que se dicta por el gobierno (poder ejecutivo) en caso de extraordinaria y urgente necesidad, en una tramitación sumarísima que va a requerir de posterior convalidación o ratificación de parte del congreso (poder legislativo).

En este caso, las referidas leyes trantan cuestiones como (RDL 6/2020) los lanzamientos en arrendamientos y procedimientos hipotecarios, y el concepto de especial vulnerabilidad; el abastecimiento centralizado por el Estado de productos sanitarios; el tratamiento asimilado a accidente de trabajo a efectos de incapacidad temporal en los periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19.

Por su parte, el RDL 7/2020 establece cuatro prioridades: Limitar la propagación del virus, controlar el suministro de Equipo Médico, promocionar el desarrollo de una vacuna, y hacer frente a las consecuencias socioeconómicas, entendiendo que por el impacto en la liquidez hay que apoyar especialmente a las PYMES, sectores específicos afectados y trabajadores.

Y el RDL 8/2020 articula medidas de apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, garantizando la asistencia a domicilio de las personas dependientes, ampliando la protección en el ámbito energético y de suministro de agua, así como en la
prestación de los servicios de telecomunicaciones. También se refuerza la protección de
los trabajadores autónomos y se dispone una moratoria en el pago de las cuotas hipotecarias de los colectivos particularmente vulnerables. Se priorizarán los medios organizativos que faciliten el trabajo a distancia, y pone el acento en la casuística de los autónomos, particularmente afectados por la situación actual, creando una prestación extraordinaria por cese de actividad, que cubre la finalización de la actividad provocada por una situación en todo caso involuntaria.

ACTUALIZADO A 30 DE MARZO DE 2020

El RDL 9/2020 busca establecer instrumentos que garanticen la aplicación efectiva de los servicios esenciales en un contexto de emergencia de salud pública y social, como son los hospitales, los ambulatorios y las residencias de personas mayores, en los que no se podrán tramitar ERTE. Se concreta asimismo el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo derivado del COVID19. En el caso de las sociedades cooperativas cuya Asamblea General no pueda ser convocada, el Consejo Rector podrá asumir la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios, con la consecuente tramitación derivada. La contratación temporal (incluidos los formativos, de relevo y de interinidad), verá interrumpido el cómputo de la duración de los contratos cuyo objeto no puede tener lugar, garantizando  garantizar que los contratos alcancen su duración máxima efectiva.

Pretende asimismo clarificar el límite temporal de las resoluciones tácitas recaídas en los ERTE solicitados por fuerza mayor, en los que el silencio, que es positivo conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no puede suponer una duración máxima diferente que la aplicable a las resoluciones expresas, que se circunscriben a la vigencia del estado de alarma, conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como de sus posibles prórrogas. Todo ello con especial cuidado para evitar el fraude, y con el libramiento de fondos necesario para hacer frente a los gastos generados.

El RDL 10/2020 establece medidas que permitan reducir al máximo los desplazamientos laborales, que suponen la mayoría de los desplazamientos que se están produciendo en estos momentos. Concretamente se regula el permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales.  EXCEPTUADO EL TELETRABAJO.

ACTUALIZADO A 1 DE ABRIL DE 2020

El sexto Real Decreto Ley publicado durante este estado de alarma, RDL 11/2020, toma medidas como las siguientes:

  • Arrendamientos: suspensión de lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional; prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual; medidas para procurar la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica; nuevo programa de Ayudas al Alquiler; línea especial de avales desde ICO.
  • Hipotecas: Moratoria de deuda hipotecaría ampliada a 3 meses; pagos futuros postpuestos lo que haya durado la suspensión; mayor información de entidades financieras a Banco de España para seguimiento de las medidas; ampliación de medidas a autónomos, empresarios y profesionales en inmuebles afectos a la actividad económica + personas físicas que no reciban la renta por vivienda arrendada por causa de las medidas consecuencia del estado de alarma
  • Concepto Vulnerabilidad: se incluyen en el concepto “gastos y suministros básicos los asociados a electricidad, gas, gasoil para calefacción, agua corriente, telecomunicaciones; válida declaración responsable
  • Superavit de Entidades Locales relativas a gasto social ampliado a 300 millones de euros; habilitación a Presidentes de las corporaciones locales para que puedan aprobar créditos extraordinarios o suplementos de créditos.
  • Planes de pensiones: se amplían las contingencias de recuperación, incluyendo la situaciones de desempleo consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo y el cese de actividad de trabajadores por cuenta propia o autónomos que se produzcan como consecuencia del COVID-19.
  • Bono Social de Electricidad: ampliado a personas físicas con derecho a contratar el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor con renta igual o inferior al IPREM que acrediten haber cesado actividad o haber reducido la facturación un 75%.
  • Suministro Energético y Agua: no cabe suspender el suministro por motivo distinto a la seguridad del propio suministro, las personas o las instalaciones.
  • Empleadas de Hogar: Se crea un subsidio extraordinario temporal dependiendo de la retribución percibida con anterioridad, con prueba acreditativa del empleador en caso de reducción de la jornada. Este subsidio es compatible con el mantenimiento de otras actividades y la cuantía máxima a recibir será el SMI sin pagas extraordinarias.
  • Subsidio Trabajadores Temporales: Aplicable también a aquellos cuyo contrato llega a su fin (y no sólo a las incluidas en un ERTE), siempre que este contrato durase al menos dos meses.
  • Autónomos:
    • Moratorias en el pago de cotizaciones a la SS en los casos y condiciones que se determinen mediante Orden Ministerial.
    • Devengo en empresas entre abril y junio, autónomos entre mayo y julio de 2020, con una rebaja sustancial del tipo de interés fijado en el 0,5%, y siempre que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social;
    • Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos) para aplazamientos de pago, moratoria en el pago de cotizaciones y devoluciones de ingresos indebidos con la SS;
    • Posibilidad de abono fuera de plazo y sin recargo de los días trabajados en el mes de marzo para los autónomos que perciban la prestacion por cese de actividad acogida al RDL 8/2020
    • Cabe acreditar la reducción de al menos el 75% de la facturación, cuando no se esté obligado a llevar libros que acrediten el volumen de la actividad, por cualquier medio de prueba admitido en derecho.
    • Posibilidad de suspender temporalmente sus contratos de suministro o modificar sus modalidades de contratos, el cambio de peaje de acceso o el ajuste de la potencia contratada al alza o a la baja, y nueva modificación finalizado el estado de alarma, sin penalización (También aplicable a empresas)
    • Mecanismo de suspensión del pago de la factura de electricidad, gas natural y determinados productos derivados del petróleo, por parte del titular del contrato al comercializador de electricidad y gas o, en su caso, el distribuidor en gases manufacturados y Gas Licuado del Petróleo (GLP) canalizado.
    • Posibilidad de solicitar el aplazamiento del pago de principal y/o intereses a satisfacer en lo que resta de 2020 en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales (También aplicable a empresas)
  • Sectores productivos sobre seres vivos con carácter estacional: para acceder a la prestación extraordinaria del artículo 17 RDL 8/2020 la referencia de partida se hará sobre el conjunto de la campaña anterior, y no en relación al semestre anterior.
  •  Consumidores:
    • Podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días.
    • En los contratos de tracto sucesivo, se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad; no obstante, el contrato no queda rescindido.
    • Prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados: el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista (si no lo utiliza en el plazo de un año desde la conclusión del estado de alarma podrá solicitar reembolso)
  • Juegos de azar en línea: (en particular casino, bingo y póker) se limitan las comunicaciones comerciales que realizan los operadores de juego de ámbito estatal, incluyendo a las entidades designadas para la comercialización de los juegos de lotería.
  • Industria:
    • Durante dos años y medio, prorrogables por Acuerdo de Consejo de Ministros, se podrán refinanciar los préstamos otorgados por la Secretaría General de Industria y PYME. Para los proyectos actualmente en ejecución se flexibilizan los criterios para la evaluación de la ejecución de los proyectos siempre garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
    • Incremento del Fondo de Provisiones Técnicas de CERSA en 60 millones de euros
    • Devolución de lo abonado por las empresas en eventos organizados por ICEX cancelados por fuerza mayor y ayudas adicionales en función de los gastos incurridos no recuperables.
  • Sector Turístico: Se suspenden durante un año y sin penalización alguna, el pago de intereses y amortizaciones correspondientes a los préstamos concedidos por la Secretaría de Estado de Turismo en el marco del Programa Emprendetur I+D+i, del Programa Emprendetur Jóvenes Emprendedores y el Programa Emprendetur Internacionalización.
  • Empresas Concursadas: Podrán disfrutar de las ventajas asociadas a los ERTEs del Real Decreto-ley 8/2020: la posibilidad de acceso en caso de afectación por la situación derivada del COVID-19; una tramitación más ágil, prácticamente inmediata en caso de fuerza mayor; la reposición de la prestación por desempleo; y la exoneración (parcial o total, según el número de trabajadores) en caso de ERTE por causa de fuerza mayor; siéndoles expresamente aplicable la salvaguarda del empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
  • Suministros Energéticos:
    • Comercializadoras de Electricidad:
      • Para que no asuman cargas de tesorería indebidas, se les exime de afrontar el pago de los peajes y de la liquidación de los impuestos indirectos que gravan estos consumos durante el periodo de suspensión del pago.
      • Pueden acceder a la línea de avales establecida en el artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o cualquier otra línea de avales que se habilite con este fin específico. La cantidad avalada coincidirá con la cantidad en la que hayan disminuido los ingresos de cada agente como consecuencia de esta medida.
    • Combustible: periodo excepcional, comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2020 durante el cual se permitirá la comercialización de gasolinas cuya presión de vapor y destilado presenten unos límites comprendidos entre el límite mínimo de verano y el límite máximo de invierno.
    • Acceso y Conexión a redes eléctricas: plazo adicional de vigencia de dos meses desde el fin del estado de alarma
  • Servicios Audiovisuales: compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal.
  • Administraciones Públicas: Suspensión de Plazos para la formulación y rendición de cuentas anuales de 2019; aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso en préstamos concedidos por Comunidades Autónomas y Entidades Locales a empresarios y autónomos afectados por la crisis sanitaria; mayor obligación de reporte económico-financiero al Ministerio de Hacienda; facilidades de pago al deudor en el ámbito aduanero;
  • Obligados tributarios: Ampliación de plazos para el pago de deudas tributarias

Para mayor información Disposiciones Adicionales, Transitorias y Final del Decreto.

ACTUALIZADO A 15 DE ABRIL DE 2020

El Real Decreto-ley 7/2020, en su artículo 14, establece el aplazamiento de deudas tributarias; el Real Decreto-ley 8/2020, incorpora, entre otras medidas, la suspensión de plazos en el ámbito tributario y la exención de la cuota gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados en el ITPyAJD en las escrituras de novación de préstamos y créditos hipotecarios; y el Real Decreto-ley 11/2020, adiciona otro conjunto de medidas, como que las comercializadoras de electricidad y gas puedan retrasar las liquidaciones del IVA, el IEE y el IH correspondientes a las facturas cuyo pago por los consumidores se hubiere retrasado; el aplazamiento de deudas derivadas de declaraciones aduaneras; la suspensión de plazos en el ámbito tributario de las comunidades autónomas y de las entidades locales; la ampliación del plazo para interponer recursos de reposición o reclamaciones económico administrativas que se rijan por la Ley 58/2003,  o, la suspensión de los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos regulados en la normativa tributaria.
El RDL 18/2020 se hace eco de los problemas operativos y de funcionamiento sobre todo en pymes y autónomos, y sus asesores y gestores para la recopilación de información,  por lo que se extiende el plazo voluntario de presentación y pago de las declaraciones y autoliquidaciones tributarias cuyo vencimiento se produzca a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el día 20 de mayo de 2020.

Dicha medida se aplicará para aquellos contribuyentes que tengan un volumen de operaciones no superior a 600.000 euros a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido

En este periodo se han dictado dos Reales Decretos sobre esta materia:

ACTUALIZADO A 29 DE MARZO DE 2020:

ACTUALIZADO A 8 DE ABRIL DE 2020:

Los reales decretos permiten al poder ejecutivo desempeñar su función de gobierno, y no pueden contradecir las disposiciones establecidas en normas con rango de ley. El RD 463/2020 declara el Estado de Alarma, situación que vivimos por segunda vez en la historia de nuestra democracia. La primera vez fue en 2010, durante la huelga de controladores aéreos, y el impacto y sus efectos no son en absoluto comparables a lo que estamos viviendo en estos días. Todo ello teniendo en cuenta que el estado de alerta es el menos impactante de los tres estados previstos en la constitución: alarma, excepción y sitio.

Se establece un periodo de 15 días, que desde todas las fuentes apuntan que será un periodo inicial, pues posiblemente sea precisa una prórroga. La libertad de circulación de las personas se ve limitada, y con el Real Decreto 465/2020, se confirma que las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las actividades previstas en su artículo 7, que deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada.

Este Real Decreto 465/2020 modifica a su vez el artículo 10 relativo a las medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales. La disposición relativa a la suspensión de plazos administrativos también se ve modificada.

ACTUALIZADO A 31 DE MARZO

Y, en esta situación de todo punto extraordinaria, la regulacion aclaratoria que se van a ir generando en estos días cobran especial importancia. En el siguiente enlace oficial aparece toda la legislación publicada a 31 de marzo de 2020:

Código electrónico BOE Crisis Sanitaria COVID-19, normativa estatal y autonómica

ACTUALIZADO A 2 DE ABRIL

Anexamos en este enlace el documento oficial que extracta las medidas por grupos y responde a preguntas frecuentes lanzadas por los ciudadanos, para utilidad de todos:

ESCUDO SOCIAL PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

Continuamos desglosando toda la actividad jurídica de este periodo, apelando a la responsabilidad de todos para minimizar al máximo los daños de esta situación excepcional #EsteVirusLoParamosUnidos

Comisión Extraordinaria del Equipo de Letrados de la Firma ÁREA-GRUPO BÁLAMO

 

Régimen de Visitas en tiempos de Coronavirus

Desde el pasado 14 de marzo, fecha en que se decretó por el Gobierno de España el Estado de Alarma, y se publicaron en el B.O.E. las medidas que conllevaba, estamos recibiendo numerosas consultas de clientes que quieren saber si con las medidas acordadas en el Real Decreto Ley por el que se aprueba el Estado de Alarma quedan interrumpidos los Regímenes de Visitas, o las Guardas y Custodias  de menores, acordados en procedimientos judiciales de separación y divorcio, antes de la declaración del Estado de Alarma.

            Al respecto hemos de hacer constar, tal y como defiende la AEAFA (Asociación Española de Abogados de Familia) que el Estado de alarma no permite a un progenitor custodio alterar unilateralmente el régimen de visitas establecido en una resolución judicial salvo por serias y excepcionales razones que deberán ser acreditadas,  y ello ante las problemáticas situaciones que se están generando por la pandemia del COVID-19.

            Ésta es la postura respaldada también por muchos Jueces consultados, sin perjuicio de que esta misma semana hemos tenido conocimiento de la Resolución dictada por un Juez de Alcorcón que  declaraba que durante la vigencia del Estado de Alarma se entendían interrumpidos los Regímenes de Visitas de menores con padres separados, y basándose para ello en las excepcionales medidas acordadas con el mismo, que limitan la libertad de movimiento y circulación de personas y vehículos.

            Sin embargo, desde esta firma, y a la espera de que puedan decretarse normas más específicas durante la vigencia del Estado de Alarma, sobre todo si éste se prorrogase más allá de los 15 días naturales inicialmente acordados, coincidimos con el criterio puesto de manifiesto por la Presidenta de AEAFA, Dª María Dolores Lozano, quien ha señalado que durante el tiempo que persista el Estado de Alarma,  “Las resoluciones judiciales deben cumplirse por ambas partes” .

            A la vista de lo expuesto, desde esta firma entendemos que, con carácter general y mientras dure el Estado de Alarma, deben cumplirse por ambos progenitores los Regímenes de Visita o las Guardas y Custodias Compartidas  que que tengan acordados en Sentencias o Decretos de Divorcio.

            Y ello porque ni en el Real Decreto Ley 463/2020 de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma, ni en el Real Decreto Ley 465/2020 de 17 de marzo, publicado con fecha 18 de marzo, y que modifica el anterior, y en concreto en las medidas por las que se limita la circulación de personas y vehículos, exista ningún impedimento para que pueda ejercitarse el Régimen de Visitas o las Custodias Compartidas de menores, pues en ambos casos se permite circular por las vías de uso público para la “asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables”.

            Según nuestro criterio profesional, sólo en circunstancias excepcionales, es decir aquellas en que pueda existir un riesgo objetivo para los hijos si se ejerciera ese Régimen de Visitas, tal y como está dispuesto en la Resolución que lo acuerda, y dada la situación excepcional de riesgo en que vivimos por la pandemia del COVID-19,  sería recomendable que se pactara por los progenitores la suspensión temporal de dicho Régimen de visitas.

            Esta suspensión temporal de mutuo acuerdo podría pactarse por escrito, sin necesidad de someterlo a aprobación judicial, dado que los Juzgados en este momento también se encuentran limitados a situaciones de especial urgencia, y en ese pacto escrito se recogería que pasada la situación que ha motivado la suspensión se restablecería el Régimen de Visitas establecido.

            Entre las excepciones que contemplamos al cumplimiento normal del Régimen de visitas o Guardas y Custodias compartidas que estén acordados, podría ser si el menor o menores tuvieran que trasladarse a otro país, a otra Comunidad Autónoma, o a otra Provincia que estén afectadas especialmente por el COVID-19.

            La AEAFA, apuntaba otra posible excepción al cumplimiento del Régimen de VisItas en esta situación excepcional, y es el caso “de menores con patologías previas que supongan una vulnerabilidad mayor a las enfermedades o la aparición de síntomas que desaconsejen salir del domicilio habitual”. O en el caso de que “los progenitores convivan con personas mayores en riesgo, o terceras personas que hagan difícil preservar a los niños de un posible contagio”.

            Fuera de estos supuestos excepcionales que hemos mencionado, y que apunta también la AEAFA, consideramos que durante el Estado de Alarma, y salvo que se acuerden durante su vigencia otras normas específicas que lo modifiquen, con carácter general deben respetarse por los padres separados los Regímenes de Visitas y las Guardas y Custodias Compartidas de menores  acordadas previamente en resoluciones judiciales.

            En cualquier caso, es necesario en esta situación excepcional que nos ha tocado vivir apelar al interés superior de los menores, a la necesidad de  protegerlos de riesgos innecesarios, evitándoles largos desplazamientos o especialmente cuando  tuvieren que desplazarse en avión, tren o barco, y apelar a la conciencia y sentido común de los padres para resolver de común acuerdo estas situaciones que vienen motivadas por un escenario temporal y excepcional,  que acabará pasando.

            Solo si no fuere posible el acuerdo, y solo cuando entendamos que la decisión adoptada es lo mejor para el interés y la protección del menor, deberíamos procurar acreditar de forma objetiva los motivos en los que se funda nuestra decisión, por si el otro progenitor decide acudir a los Tribunales para hacer valer sus pretensiones.

Comisión Extraordinaria del Equipo de Letrados de la Firma ÁREA-GRUPO BÁLAMO

 

 

 

Medidas para sostener la actividad económica en el RDL 8/2020

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el día de hoy,  adopta medidas para garantizar la liquidez ante las dificultades transitorias consecuencia de esta situación.

¿Habrá una línea de avales específica para paliar los efectos económicos del COVID19?

Efectivamente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de liquidez.

¿Cuál es el importe máximo por el que concederá avales?

Podrá conceder avales por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior

¿Se aumentarán también las Líneas ICO de financiación a empresas y autónomos?

  • Se amplia el límite de endeudamiento para el ICO a 10.000 millones para facilitar liquidez de pymes y autónomos. Se hará mediante líneas ICO de financiación.
  • Se autoriza la creación de una línea de cobertura de seguro de crédito vía CESCE para empresas exportadoras o internacionalizadas con una duración de 6 meses desde la entrada en vigor
  • Beneficiarios: las empresas españolas consideradas como Pequeñas y Medianas Empresas, en las que concurran las siguientes circunstancias:

* Que se trate de empresas internacionalizadas o en proceso de internacionalización, al cumplir al menos uno de los siguientes requisitos:

  • Empresas en las que el negocio internacional, reflejado en su última información financiera disponible, represente al menos un tercio (33 %) de su cifra de negocios,
  • Empresas que sean exportadoras regulares durante los últimos cuatro años.

*  Que la falta de liquidez sea consecuencia de la crisis del COVID-19.

¿Hay algún tipo de exclusión con respecto a este tipo de medidas?

Quedan excluídas las empresas en concurso o preconcurso o con deudas con la administración anteriores a 31-12-19.

¿Y en relación a los plazos?

Todos los plazos de pago tributarios que no estén concluidos a la entrada en vigor del Real Decreto quedan ampliados al 30 de abril de 2020, incluidos los requerimientos de embargo, pago de precio de subastas, presentar alegaciones, etc. Ni se ejecutarán garantías que recaigan sobre bienes inmuebles.

El resto de plazos tributarios se aplazan hasta el 20 de mayo de 2020.

Plazos para atender requerimientos y solicitudes de información de Dirección General de Catastro: se amplia a 30 de abril de 2020.

Los trámites ante la Dirección General de Catastro comunicados desde la entrada en vigor se atenderán hasta el 20 de mayo de 2020.

¿Y si tengo en vigor una contratación pública?

Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, vigentes quedarán suspendidos desde el momento en el que no puedan prestarse por causas del COVID -19. El fin terminará cuando el órgano de contratación comunique el fin de la suspensión.

El adjudicatario podrá pedir los siguientes daños y perjuicios al contratista (siempre previa acreditación de los mismos):

         1.- Gastos salariales abonados a personal adscrito a ese servicio a fecha 14-3-20.

         2.- Gastos de mantenimiento de garantías definitivas.

         3.- Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

      4.- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato.

Para que esto sea de aplicación el contratista deberá dirigir comunicación al órgano de contratación explicando las razones de imposibilidad para la ejecución del servicio y éste hubiera acordado la imposibilidad en el plazo máximo de 5 días (falta de contestación: desestimatoria).

¿Cabe entender algún tipo de prórroga en los contratos públicos actualmente en vigor?

Aquellos contratos cuyo vencimiento sea durante este periodo de alarma deberán entenderse prorrogados hasta la ejecución del nuevo contrato y por plazo no superior a 9 meses.

¿Cabe penalización por retraso?

Los retrasos en la prestación de servicios u obras derivados de causas imputables al COVID-19 no llevarán consigo las penalizaciones acordadas.

Obras: Si resultara imposible entregar obras previstas, se solicitará por el contratista una prórroga, estando obligado a cumplir con sus obligaciones y compromisos pendientes.

Si se acuerda la prórroga en la entrega de las obras, el contratista podrá pedir:

          1.- Gastos salariales abonados a personal adscrito a ese servicio a fecha 14-3-20.

         2.- Gastos de mantenimiento de garantías definitivas.

         3.- Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato.

      4.- Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al objeto del contrato.

Todo ellos si se acredita estar al corriente de pagos tributarios y pasos a subcontratistas.

¿Queda excluido algún sector?

No será de aplicación a los siguientes sectores:

a) Contratos de servicios o suministro sanitario, farmacéutico o de otra índole, cuyo objeto esté vinculado con la crisis sanitaria provocada por el COVID-19

b) Contratos de servicios de seguridad, limpieza o de mantenimiento de sistemas informáticos.

c) Contratos de servicios o suministro necesarios para garantizar la movilidad y la seguridad de las infraestructuras y servicios de transporte.

d) Contratos adjudicados por aquellas entidades públicas que coticen en mercados oficiales y no obtengan ingresos de los Presupuestos Generales del Estado.

¿Y en el sector agrario? ¿Y si soy titular de explotación que he suscrito préstamo consecuencia de la sequía de 2017?

Se facilitará que, de manera voluntaria, los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017, acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.

El SAECA actuará como entidad colaboradora de las subvenciones en el marco del convenio de colaboración suscrito al efecto con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El periodo de admisión de solicitudes de las ayudas finalizará en un plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

Comisión Extraordinaria del Equipo de Letrados de la Firma ÁREA-GRUPO BÁLAMO.

Mantenimiento del Empleo vs Extinción de Contratos en el RDL 8/2020

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, publicado en el día de hoy,  adopta medidas en materia de suspensión temporal de los contratos, así como reducción temporal de la jornada, priorizando el mantenimiento del empleo frenta a la extinción de los contratos.

 

¿Es claro el Decreto en cuanto a qué se considera Fuerza Mayor?

Se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia directa del COVID-19 o del estado de alarma tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agilizará la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Aunque el RD apunta a que se entenderán como fuerza mayor los Ertes tramitados con “causa directa en las pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma,  que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados,…”, lo cierto es que no está clara la línea de interpretación y hay indicios de tendencia de valoración de un modo restringido a las actividades específicas recogidas en el RD donde se declara el estado de alarma, o que cuando menos la acreditación del cese y su nexo causal con los efectos del COVID-19 no va a ser tan automático como se apunta o puede entenderse en cuanto a su calificación directa como fuerza mayor. Habrá que analizar los casos.

¿Qué plazos maneja el Decreto?

Se reducen plazos de los trámites del procedimiento ordinario de tramitación, y en el caso de fuerza mayor se tiende o se pretende un procedimiento cuasi sumario, solicitud de la empresa, informe potestativo de inspección de Trabajo (5 días), y resolución de la autoridad laboral en el plazo de 5 días constatando la realidad de la fuerza mayor

¿Tienen los trabajadores afectados opción a algún tipo de prestación?

Los trabajadores afectados por un ERTE se les posibilita que tengan acceso a una prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del mínimo periodo de cotización necesario para acceder a ella. Aparte, durante el periodo de la suspensión del contrato o reducción de la jornada en que perciban la prestación no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

Aparte, se adoptan medidas extraordinarias para prorrogar el subsidio por desempleo y la declaración anual de rentas.

¿Hay algún tipo de bonificación a la empresa por mantener el empleo?

A las empresas acogidas, se les exonera del pago de la aportación empresarial a la Seguridad Social (exención plena para las PYMEs y del 75% al resto) siempre que se comprometan a mantener en el empleo durante 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad (disposición adicional sexta).

OBSERVACIONES:

– En los Ertes por fuerza mayor, al día siguiente de la finalización del estado de alarma, las empresas deberán reincorporar a toda su plantilla.

  • Se echa en falta un apartado específico relativo a los AUTÓNOMOS SOCIETARIOS; normativa que esperamos sea recogida en estos días, por la importancia que tiene este colectivo de profesionales en nuestra economía y tejido empresarial.

Comisión Extraordinaria del Equipo de Letrados de la Firma ÁREA-GRUPO BÁLAMO.

Moratoria en el Pago de las Hipotecas en el RDL 8/2020

Acaba de ser publicado en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, donde se trata específicamente la MORATORIA EN EL PAGO DE LAS HIPOTECAS para las personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos por el Coronavirus.

¿A qué préstamos afecta?

A aquellos Contratos de Préstamos o Crédito garantizados con Hipoteca para adquisición de vivienda habitual y que estén vigentes a la entrada en vigor del presente Real Decreto.

¿Quiénes podrán solicitar la moratoria?

Los deudores que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, así como a fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda habitual.

Se considerarán colectivos vulnerables los deudores hipotecarios que pasen a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caídas sustancial de sus ventas, así como que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria, determinados límites: tres veces el IPREM (indicador que a día de hoy está en 537,84 euros mensuales), que se incrementará en función del número y circunstancias de las personas que estén a cargo de la unidad familiar.

También podrán solicitar la moratoria cuando la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Otro supuesto que se contempla es que a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar ( la compuesta por el deudor, cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita que residan en la vivienda) haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivenda, entendiendo que así sucede cuando el esfuerzo se haya multiplicado por al menos 1,3.

Se entiende que se ha producido una caída sustancial de ventas cuando sea al menos del 40%.

¿Ante quién y cómo se acreditan las condiciones subjetivas?

Ante el banco o entidad acreedora presentando los documentos que acrediten las circunstancias alegadas. Situación de desempleo mediante certificado en el que figure la cuantía mensual percibida por prestaciones o subsidio por desempleo. En caso de cese de actividad de trabajadores por cuenta propia, mediante certificado AEAT u órgano competente Comunidad Autónoma.

El número de personas que habitan la vivienda mediante Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho, certificado empadronamiento, la declaración de discapacidad, dependencia; la titularidad de los bienes mediante nota simple y escrituras de compraventa de la vivienda y de hipoteca. Además deberá aportarse una declaración responsable del deudor/es relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos.

La solicitud de moratoria y documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones, se podrá presentar hasta 15 días después del fin de la vigencia de este real decreto-ley.

Efectos de la solicitud de moratoria.

Conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma, la inaplicación del vencimiento anticipado durante su vigencia. No podrá exigirse el pago de la cuota hipotecaria, ni principal ni intereses, tampoco se aplicarán intereses moratorios.

Consecuencias de aplicación indebida.

Los deudores que se beneficien de las medidas de la moratoria sin reunir los requisitos para poder hacerlo, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan producido y los gastos generados por la aplicación de las medidas. También serán responsables los que busquen situarse o mantenerse en los supuestos de vulnerabilidad económica para obtener la aplicación de estas medidas.

Comisión Extraordinaria del Equipo de Letrados de la Firma ÁREA-GRUPO BÁLAMO.

GUÍA ERTE por efecto del Coronavirus

GUÍA DE INFORMACIÓN SOBRE DUDAS QUE SE PLANTEAN PARA REALIZAR UN ERTE (Expediente temporal de regulación de empleo) POR EL EFECTO DEL CORONAVIRUS COVID 19

Ante las numerosas consultas recibidas en relación con los posibles ERTES a realizar por el efecto del coronavirus COVID-19, se acompaña una guía explicativa sobre el procedimiento de los mismos:

  • ¿Qué es un ERTE?

El Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) es una autorización temporal para suspender los contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, para las empresas y autónomos puedan prescindir durante un periodo de tiempo de sus empleados quedando exentos de pagarles la nómina. Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa pero no cobran, no generan derecho a pagas extras, ni vacaciones, durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo.

Asimismo, se contempla dentro del ERTE la reducción de la jornada de trabajo. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal de entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de reducción de jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor.

El ERTE se puede presentar por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor. Esta situación que estamos sufriendo por el COVID 19, se ha de considerar por la gravedad y dimensión de imprevisible e inevitable, y por tanto de fuerza mayor. Tal y como establece el art. 4.4 de la LPRL como riesgo “grave e inminente “. Esta situación acaba de ser considerado al establecer el estado de alarma el Gobierno del Estado.

  • ¿Quién lo puede llevar a cabo?

Cualquier autónomo o empresa que cumpla los requisitos, independientemente del número de trabajadores que tenga.

  • ¿Qué tramites se deben realizar en el ERTE? ¿Cuánto tarda en hacerse efectivo?

El procedimiento de suspensión de contrato se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la Dirección General de Trabajo de cada Comunidad Autónoma, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los trabajadores, quienes ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento.

Por tanto, se inicia con la comunicación a los trabajadores y a la Dirección General, quien además consulta a la inspección de trabajo. Posteriormente, el ERTE será autorizado por la Autoridad Laboral en el plazo de 5 días.

  • ¿Pierden algún derecho los trabajadores?

El trabajador se encontrará en una situación legal de desempleo. Y cuando las causas que lo originen sean de carácter catastrófico o de fuerza mayor, la autoridad laboral puede autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se puede autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.

El trabajador percibe el 70% de la base reguladora durante los 6 primeros meses del SEPE y en función de sus circunstancias personales. Salvo que por convenio colectivo o voluntariamente la empresa decida complementar el salario.

Los empleados afectados por un ERTE deben ser readmitidos una vez termine el plazo temporal que se ha estipulado, pero al ser suspensivo y no extintivo no recibirán ningún tipo de indemnización.

El tiempo de ERTE debe computar a efectos de antigüedad y de despido.

En el caso de reducción de jornada, el trabajador no verá perjudicado su derecho a vacaciones, sin perjuicio de que el salario que percibirá durante las mismas será el correspondiente a la reducción de jornada.

La misma situación ocurre con las pagas extraordinarias, es decir, el trabajador seguirá generándolas pero en una cuantía proporcional al tiempo de trabajo.

Si bien, en el caso de suspensión, durante el periodo de suspensión no se generan derecho a vacaciones. Si la suspensión es superior al año, las vacaciones generadas y no disfrutadas así como las pagas extraordinarias deberán liquidarse en el finiquito.

Al no extinguirse la relación laboral, en ningún caso existe indemnización.

  • ¿Hasta qué fecha les tengo que pagar salario?

Hasta que autorice la autoridad laboral. Lo normal es que coincida con la fecha de solicitud presentada por la empresa y aceptada por los trabajadores.

  • ¿Qué sucede si tengo que suspender total o parcialmente la actividad por el ERTE? ¿Tengo algún coste salarial mientras está vigente el ERTE?

Si la empresa se viese en la necesidad de suspender de actividad como ha obligado el Gobierno de la Nación, por la declaración de estado de alarma, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa vigente, por las causas contempladas en el art. 47 del ET y RD 1483/2012 de 29 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

El empresario está obligado a mantener a los trabajadores dados de alta y seguir pagando el 100 por cien de su aportación a la Seguridad Social, pero no así de sus nóminas, salvo que el convenio establezca que deba de complementar las mismas o lo haga voluntariamente.

Sin perjuicio de lo previsto en la ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección Civil, art. 24,2b) sobre la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.

En este caso, las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o reducciones temporales de jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del ET.

En primer lugar, la TGSS podrá exonerar al empresario el abono de las cuotas de la Seguridad Social manteniéndose la condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En caso de extinciones de contrato correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites establecidos legalmente.

Por todo ello, las empresas deben seguir el procedimiento establecido que incluye el periodo de consultas con los trabajadores, salvo que sea reconocida por la autoridad laboral la interrupción por fuerza mayor. (Según la guía laboral del Ministerio de Trabajo de 4 de marzo de 2020).

  • Si la crisis por el coronavirus se prolonga, ¿por cuánto tiempo se establecer un ERTE?

No existe un plazo mínimo.  Por su carácter temporal, uno de los pasos fundamentales es determinar por cuánto tiempo se prolongará el ERTE.

Como en el caso del coronavirus, que es lo que justifica la fuerza mayor, no sabemos bien cómo se desarrollarán  los acontecimientos, lo razonable parece ser establecer un período más amplio que los 15 días de estado de alarma para que el empleador tenga un poco más de margen en caso de que la situación se prolongue.

Si finalmente esta contingencia se resuelve antes, el empresario puede pedir a los empleados que se reincorporen antes del plazo máximo que se establece en el ERTE.

  • SI la situación se alarga más del periodo inicial concedido por el ERTE ¿se puede prorrogar el ERTE?

Sí, se pueden encadenar varios ERTES en función de la necesidad de cada empresa. Si se prolonga en el tiempo se puede pedir un despido colectivo.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Departamento de Laboral de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES

Medidas de Apoyo Financiero Transitorio

El pasado viernes, día 13 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

Este Real decreto-ley contiene tres grupos de medidas que tienen como objetivo:

  1. Reforzar el sector sanitario;
  2. Proteger el bienestar de las familias; y
  3. Apoyar a las empresas afectadas, en particular del sector turístico y las PYMEs.

Centrándonos en este tercer grupo, el capítulo IV del Real decreto-Ley contiene medidas de apoyo financiero transitorio, cuyo objetivo es mitigar y prevenir el posible impacto económico negativo en pequeña y medianas empresas y autónomos.

Con esta finalidad, para evitar posibles tensiones en tesorería que puedan experimentar estos colectivos, se propone una flexibilización en materia de aplazamientos.
Contenido de las medidas 

  • Deudas aplazables

Serán aplazables las correspondientes a aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley) y hasta el día 30 de mayo de 2020, lo que afectaría a las declaraciones del primer trimestre y a las mensuales de febrero, marzo y abril.

Se hace extensible el aplazamiento a:

  • Deudas por retenciones o pagos a cuenta.
  • Pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades.
  • Las derivadas de tributos que deben ser legalmente repercutidos (IVA).
  • Ámbito subjetivo

Podrán solicitar el aplazamiento de las deudas, las personas físicas o jurídicas cuyo volumen de facturación en el año 2019 no sea superior a 6.010.121,04 euros.

  • Importe de las deudas aplazables

Podrán ser aplazables, sin necesidad de aportar garantías, aquellas deudas cuyo importe no exceda de 30.000 euros, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de Orden HAP/2178/2015, de 9 de octubre.

  • Condiciones del aplazamiento
  1. El plazo será de seis meses.
  2. No se devengarán intereses de demora durante los primeros tres meses del aplazamiento.

En el siguiente enlace, la AEAT recoge las instrucciones de presentación de los aplazamientos:

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/Instrucciones_presentacion_aplazamiento.pdf

  • Línea de Financiación específica.

Se crea una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por un importe de 400 millones de euros, para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación.

La medida va dirigida a todas las empresas y trabajadores autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores económicos definidos en la Disposición Adicional primera de este Real Decreto-ley. La línea de financiación deberá estar operativa en el plazo máximo de diez días desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley.

  • Aplazamiento reembolso de préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

Se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.

La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio aprobó un marco normativo para la financiación de proyectos de inversión para la mejora de la competitividad industrial, la sostenibilidad, la transformación digital o contribuir a la reindustrialización. Este estímulo adoptó la forma de apoyo financiero a proyectos industriales a través de la concesión de préstamos a largo plazo. La irrupción del COVID-19 está incrementando los costes de producción y la cadena de valor de amplios sectores industriales. Por ello se considera esencial que las empresas que han recibido este apoyo financiero puedan ahora solicitar el aplazamiento de su reembolso. 

Podrá solicitarse aplazamiento del pago del principal y/o intereses de la anualidad en curso, siempre que su plazo de vencimiento sea inferior a 6 meses a contar desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, cuando la crisis del COVID-19 haya originado en dichos beneficiarios periodos de inactividad, reducción en el volumen de las ventas o interrupciones en el suministro en la cadena de valor que les dificulte o impida atender al pago de la misma. La solicitud conlleva, si se estima, la readaptación del calendario de reembolsos.

La solicitud deberá efectuarse antes de que finalice el plazo de pago en periodo voluntario y deberá ser estimada de forma expresa por el órgano que dictó la resolución de concesión. Deberá incorporar:

– Una memoria justificativa que motive la dificultad de atender el próximo vencimiento de pago.

– Si el plazo de realización de las inversiones no hubiera finalizado, se incluirá una memoria justificativa de las inversiones realizadas con cargo al préstamo

– Una declaración del responsable de que la empresa está al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social; que no tiene deudas por reintegros de ayudas o préstamos con la Administración y que presentado sus cuentas en el Registro Mercantil.

Esperamos que esta información les sea de utilidad.

Departamento Fiscal de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES

 

El campo: nuestro debe, nuestro haber.

Ellos saben que la tierra labrantía,
seria, llana y arrogante’n los recuestos,
es la jembra que mantiene muchos hijos
con la juerza de la savia de sus senos;

CONSEJOS DEL TÍO PERICO, El Miajón de los Castúos. Luis Chamizo.

Son tiempos difíciles para la agricultura. Como bien transmitió Chamizo en su obra, el hombre deberá portarse ya desde su nacimiento -su nacencia- agradecido con la tierra, con su tradición; desde la que deberá dialogar con lo nuevo: con el tren de la historia que le invita al progreso.

A poco que se profundice en la crisis que desde hace algunas semanas ha tornado mediática, resulta tangible que no existe una sola causa. A poco que se busquen distintas perspectivas, se comprueba que las particularidades de la cuestión merecen un conocimiento exhaustivo de este mercado, no equiparable a otros; y una capacidad específica para atender a los retos que el siglo XXI plantea al campo.

Vegas Altas del GuadianaNo son retos para cualquiera, y nuestros agricultores quieren y están dispuestos a afrontarlos. Sólo piden  la articulación del marco que les permita llevarlos a cabo, con la integración comprometida y responsable de todos los actores que forman parte de este escenario: Administración, empresas transformadoras, proveedores, comercializadores, y los propios consumidores. Cualquiera que forme parte de esta cadena alimentaria.

Los precios resuenan de manera constante. Unos precios que no cubren los costes de producción, en un mercado que no permite a los productores repercutir el encarecimiento de los combustibles, los fertilizantes o los productos fitosanitarios. Los asume íntegramente, aunque con ello toda una explotación se haya podido convertir en no rentable; ante la amenaza  de que toneladas de productos corran el riesgo de no ser adquiridos por ningún comprador.

Vegas Altas del GuadinaSiendo ésta una sólo de las  muchas cuestiones a las que se enfrenta el campo, y a la que hay que dar respuesta, tiene soluciones viables. Francia, país de indudable peso en la economía europea, ya ha dado pasos para equilibrar costes y beneficios en los distintos eslabones de la cadena alimentaria, sin que ello implique necesariamente una subida del precio final que terminen asumiendo exclusivamente los consumidores

Desde  2018 establecen un precio de salida del producto que no puede ser  inferior al coste de producción. En España el Ministerio de Agricultura realiza análisis sobre los costes de producción que pueden establecer un punto de partida  objetivo, sin que quepa la posibilidad de entender que se hace una utilización interesada de estos datos a favor de una parte determinada.  Hay que recordar que nuestra producción sale en un porcentaje muy alto, más del 80 %, a exportación internacional. Y es el porcentaje restante el que se reparte entre las distribuidoras que enviarán después a las grandes superficies comerciales. Posiblemente también es posible eliminar la venta a pérdidas, teniendo en cuenta que las características de los productos agrícolas pueden merecer dejarlos excluidos de estas prácticas mercantiles.

Vegas Altas del GuadianaSi aún así hay una parte de la producción que no se puede asumir (y a una alta oferta, el precio se resiente inevitablemente a la baja), otra de las reestructuraciones que el campo se debe plantear de manera estudiada y programada es una posible optimización del dimensionamiento agrícola, en cualquiera de sus elementos; de manera que se consiga una mejor competitividad, una optimización de los costes, y un ajuste de la producción que permita responder tanto a una amplia demanda como a un posible problema de sobreproducción.

Agricultores de toda la vida advierten que la tierra se está ya resintiendo del trato forzado al que se le está sometiendo: producir sin descanso, sin respetar el barbecho que de toda la vida existió, apurándola con abonos minerales, a medio plazo traen consecuencias que ya se están dejando ver: mineralización, salinización y acidificación de los suelos, con el consiguiente agotamiento y fatiga de los mismos para producir con un mínimo estándar de calidad. Es una cuestión de responsabilidad cambiar el modelo productivo, y se debe implicar directamente a aquellas partes que ven en las transacciones agrícolas una mera cuestión económica en la que ellos ostentan la posición fuerte.

Vegas Altas del GuadianaQuizá tampoco estemos hablando de establecer políticas proteccionistas de nuestros productos frente a productos de otros países, pues también nosotros nos vemos perjudicados por ese tipo de políticas cuando las toman frente a nosotros países como Estados Unidos  o Rusia. Pero sí cabe trabajar en el valor añadido en calidad y excelencia que nuestro producto tiene. Definitivamente hay que invertir en I+D en nuestros campos, y en la profesionalización de sus intervinientes.

Y, desde luego, generar un mercado justo en los distintos eslabones de la cadena, y fomentar un marco competitivo equilibrado aun en un circuito global. Deben equilibrarse y equiparse exigencias y requisitos mundiales en los productos que salen del campo y llegan a nuestras mesas, y al mismo tiempo conjugar la equidad para aplicar las medidas necesarias en función de territorios y realidades precisamente para que no se generen esas distorsiones injustas de pequeños soportando cargas de grandes. Hay que combinar la fórmula de que el grande cuide al pequeño y de que el pequeño trabaje y se mueva como un grande, y todos sean cada vez más grandes.

 

DEPARTAMENTO DE OPFH Y COOPERATIVAS DE LA FIRMA ÁREA-GRUPO BÁLAMO.

 

Las formas jurídicas o lo jurídico de las formas: Cómo empiezo y qué soy

Es fácil encontrar muchos recursos, artículos, recomendaciones… sobre la forma jurídica idónea para nuestra actividad. Que si primero autónomo, que si a partir de cierto volumen de facturación y beneficio ya compensa recurrrir a la compañía mercantil (S.L y si somos más grandes S.A), que si somos varios podemos empezar también por la Comunidad de bienes (esa antigua estructura de varios que se juntan para ser uno, sin dejar de ser más de uno; esto es, personalidad fiscal común frente a terceros y responsabilidad triburaria del conjunto que se distribuye entre los partícipes), o ese concepto en retirada que supuso una versión moderna de las C.B (las sociedades civiles) y que venían a ser muy parecidas.

Forma jurídica de las empresasPues sí, son accesibles y numerosas las oportunidades de aclarar estas dudas en internet y casi con cualquiera y estas pinceladas son un resumen muy discreto. Pero lo que quizás cuenten en menos sitios es que, aun partiendo de que en el principio está el autónomo como mejor modo de iniciar la actividad, con el pertinente alta y el “impuesto revolucionario” desproporcionado en forma de cuota de seguridad social; este mismo autónomo puede tener una marca o nombre comercial para operar (Juan el carpintero y facturando con su CIF puede registrar en la Oficina de patentes y Marcas: “J- Carpintería y un logo… por ejemplo).

El segundo escalón por interés fiscal pero también buscando cierto cobijo de responsabilidad y alguna cobertura más es la compañía mercantil (S.L o S.A). Pero tengamos en cuenta que el escenario de responsabilidades de los administradores de sociedades se ha recrudecido exponencialmente, y ahora nos acercamos a ser conductores de un vehículo y respondemos hasta cuando el coche está aparcado, por lo que le suceda o provoque. La normativa cambia y el empresario administrador pasa por ser “culpable” mientras no demuestre lo contrario, es decir, que ha sido diligente y muy ordenado. Y para esa vida bajo sospecha, lo mejor y más práctico es un buen seguro de Responsabilidad Civil, bien negociado, bien analizado y con coberturas extensas (tienen buen precio en el mercado en relación a la tranquilidad que proporcionan).

PRACTICÓN: Lee e infórmate, asesórate bien… y después decide, pero ve dándote de alta como autónomo sufridor en todo caso. Y otro aviso: el proceso de constitución de una S.L en España, aun en camino de buenas intenciones de cambio y reducción burocrática, sigue siendo kafkiano, con tintes laberínticos: el banco pide un CIF para abrir una cuenta en la que hacer las aportaciones de capital necesarias para la constitución, Notaría pide las aportaciones y el CIF (además de estatutos y datos de los socios), y Hacienda para darte el CIF necesita una escritura pública; y tú lo más que tendrás será, después de unos 10-15 días, es el certificado negativo del Registro Mercantil verficando que el nombre que elegiste para tu sociedad está disponible (caduca a los tres meses).

Así que, digan lo que digan los libros, los asesores… lo mejor es contar con la buena voluntad, la confianza y la buena disposición, de un eficaz bancario de nuestra oficina habitual, un eficiente oficial de notaria o un funcionario con cierta visión y sentido práctio; o los tres a la vez. Está clara que vamos dando pasitos como país en la optimización y reducción burocrática pero falta mucho trecho que recorrer y bastante más confianza del sistema para abrir un poco más la mano del control y la fiscalización en esta fase inicial. Eso, y que alguno de los lobys de este país también aflojen; y que todos en general progresen en cultura y mentalidad empresarial.

 Ángel Luis Gómez Díaz. Socio–Fundador y Director General de la Firma ÁREA, ABOGADOS Y ASESORES